Se acaba de poducir algo increíble en Guinea Ecuatorial

Opiniones y reflexiones

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Por FABIAN-NSUE NGUEMA OBONO

Desde la era de los grandes pensadores como el francés Jean Jacques Rousseau, el inglés Thomas Hobbes y otros, se acuña la teoría de la división de poderes en los que necesariamente debe apoyarse un Estado, de tal suerte que resultaría imposible cualquier ente que se atribuya dicha cualidad si no llegara reunir en su seno los poderes legislativos, ejecutivos y judicial, suficientemente identificados como para llamarse Estado. La teoría de la división de poderes se quedó consolidada con la aparición de los estados modernos hasta nuestros días.

Cuando en una mañana me levanté, corrían ciertos rumores que aseguraban que se había promulgado un decreto presidencial disolviendo el poder judicial en todo el territorio nacional; la noticia me pareció tan chocante que comencé a analizar sobre la competencia y la legalidad así como el mismo verbo empleado para ello, incluyendo las consecuencias, “disolver”. No se dijo nada sobre si se trataba de la aplicación de lo previsto en el artículo 98-1 de la Constitución vigente.

En relación a la competencia, me cabe hacer referencia al texto constitucional vigente en la República de Guinea Ecuatorial, más concretamente en su artículo 41h), donde se le atribuye al Sr. Presidente de la República la facultad de nombrar y separar a los funcionarios civiles y militares. Es en este preciso contexto que se ha producido una confusión porque, pese a que las instituciones son llevadas por personas físicas, las primeras son diferentes de las segundas. Desde nuestra óptica como amantes del Derecho, estimamos pura y llanamente que el Sr. Presidente de la República no tiene atribuciones, ni constitucionales ni extra constitucionales para disolver por sí solo un poder de los que encarnan un Estado; una excepción se produce en tiempo de elecciones, cuando el ejecutivo disuelve el parlamento como se prevé en la Ley.

En relación a la legalización del acto promulgado, habría que analizar si el decreto en cuestión se encuentra en consonancia con la legalidad vigente en nuestro país, puesto que ni se determina en la constitución ni mucho menos en la Ley especial como lo es la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente en Guinea Ecuatorial.

En relación al verbo empleado, resulta que disolver una cosa tiene como sinónimos los verbos acabar, extinguir, abolir y otros; luego lo que ha hecho el Sr. Presidente mediante su decreto es acabar, extinguir y abolir el poder judicial en la R. G.E. como si fuera un gobierno. En Derecho administrativo se sabe que el poder ejecutivo tiene un margen para dictar unos actos conocidos con el nombre de actos discrecionales (nombramiento o separación de servicio de un funcionario, por ejemplo), en el caso de un poder de Estado como es el pod

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