Sexto día del Juicio a Teodoro Nguema Obiang Mangue

 

Por Rick Messick

GAB se complace en publicar esta cuenta y análisis del sexto día del juicio de la Vicepresidenta de Guinea Ecuatorial Teodorin Nguema Obiang por Shirley Pouget y Ken Hurwitz de la Open Society Justice.

El día seis de su juicio por acciones derivadas del robo de dinero público, los abogados de Teodorin ofrecieron varias defensas legales. La más extraña y la más vigurosamente repensada fue que en Guinea Ecuatorial el robo de fondos públicos no es un crimen si el ladrón es un alto funcionario del gobierno. Teodorin era un ministro del gobierno en el momento en que robó el dinero, y según sus abogados, no había ninguna ley en Guinea Ecuatorial que dictamine como crimen el robo de fondos públicos por un ministro.

La defensa también intentó lanzar una bomba procesal en el proceso. Alegó que la forma en que los tribunales franceses han interpretado el soborno como un delito principal para el blanqueo de capitales es inconstitucional. Esta objeción constitucional, cuestión prioritaria de constitucionalidad, podría haberse presentado al principio del proceso. Al levantarla tan tarde en el caso, si el tribunal hubiese aceptado la solicitud de la defensa, aplazaría el proceso durante muchos meses.

Estos argumentos jurídicos fueron ofrecidos después de que los abogados de Teodorin fracasaran (aquí y aquí) en ofrecer alguna evidencia real para refutar las evidencias que demuestran que su cliente había robado al pueblo de Guinea Ecuatorial para poder financiar su estilo de vida lujoso. Además de la reivindicación de que “los ministros son libres de robar a voluntad” y la objeción constitucional, la defensa sostuvo que, como cuestión de derecho i) como funcionario de Guinea Ecuatorial Teodorin no podría ser juzgado por un tribunal francés, y ii) no es un crimen bajo la ley francesa (así como de Guinea Ecuatorial) robar dinero a los ciudadanos de Guinea Ecuatorial. El abogado defensor admitió que estos dos últimos argumentos habían sido rechazados por los tribunales franceses. La única forma en que podía prevalecer sobre ellos era pedir al tribunal permiso para suspender el juicio para permitirle solicitar una decisión del Tribunal Constitucional de Francia de que estas decisiones anteriores eran contrarias a la Constitución francesa.

Los argumentos de la defensa se basan en el hecho de que Teodorin está siendo juzgado en Francia no por robar dinero público en Guinea Ecuatorial sino por usar el dinero que robó para comprar propiedad y bienes en Francia. La compra de activos con el producto de un delito es una forma de ocultar la fuente del dinero y, de conformidad con el artículo 324-1 del Código Penal francés, constituye el delito de blanqueo de capitales: “El incumplimiento es el acto de facilitar, Cualquier medio, la falsa justificación del origen de los bienes o ingresos del autor de uno o más de los delitos para su propio beneficio. El acto de facilitar operaciones de inversion, estratificación e integración de productos directos o indirectos de un delito también constituyen blanqueo.

El blanqueo es castigado con hasta cinco años de carcel y 375.000 euros de multa “.

Para ser declarado culpable de blanqueo de dinero, el dinero que se blanquea debe, por lo tanto, ser el producto de un crimen, o lo que la ley califica de delito “predicado”. Pero un crimen, ¿dónde? ¿En Francia? ¿Guinea Ecuatorial? ¿En ambos? El abogado defensor argumentó que el delito predicado tenía que ser un crimen tanto en Francia como en Guinea Ecuatorial. Para que Teodorin sea culpable de blanqueo de dinero, sus abogados afirmaron que la forma en la que Teodorin obtuvo los fondos debe ser un delito bajo la ley francesa. De lo contrario, el caso debe ser desestimado.

La presidenta del judicial señaló que la defensa ya había planteado este argumento y señaló también que la decisión por la que Teodorin fue juzgado, los magistrados de instrucción que habían preparado el caso ya lo habían rechazado. Los magistrados habían dejado claro que el blanqueo de dinero era un delito “autónomo”, es decir, separado y aparte del delito predicado, que el delito predicado fue cometido en Guinea Ecuatorial. Mientras el dinero se blanqueaba en suelo francés, y eso era suficiente. Como dijeron los magistrados al rechazar el argumento de la defensa:

“el lugar donde se produjo la conducta predicada es irrelevante. El origen ilícito de los fondos debe establecerse como si se hubiera cometido en Francia “.

El Tribunal determinó entonces que, aun cuando no tuviera la facultad legal de juzgar los delitos subyacentes, era todavía competente para definir los actos que se producían fuera de la jurisdicción francesa como equivalentes de delitos de derecho francés. El tribunal también señaló que, además, deberá considerarse que el comportamiento ilícito también constituía un delito tipificado en la legislación ecuatoguineana.

Sobre la afirmación de que el robo de dineros públicos en Guinea Ecuatorial no es un delito según la legislación ecuatoguineana, el juez presidente empezó observando que Guinea Ecuatorial es parte en los tratados pertinentes, incluido el Tratado de la OHADA (Organización de Armonización del Derecho Mercantil) Así como el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica y Monetaria del África Central (CEMAC).

Véase, por ejemplo, el artículo 891 de la Ley Uniforme de Sociedades Comerciales de la OHADA y el Grupo de Interés Económico, que prohíbe el uso indebido por parte de los directores de empresas de bienes de empresa o fondos para beneficio personal. El artículo 9 de la Ley Uniforme sobre Derecho Mercantil General de la OHADA prohíbe específicamente que los ministros participen en actividades empresariales y en el enriquecimiento privado.

Con respecto a los delitos económicos y financieros prohibidos por la ley ecuatoguineana, la ONG francesa SHERPA había introducido anteriormente en el expediente un memorándum que identificaba las disposiciones pertinentes del Código Penal de Guinea Ecuatorial que Teodorin habría violado robando fondos públicos, exigiendo y recibiendo sobornos, Etc. (traducción al inglés de las disposiciones penales seleccionadas de Guinea Ecuatorial, texto de todo el Código Penal de 1963).

 

Por otra parte, el tribunal observó que, cuando era ministro, Teodorin había dicho que se dedicaba a actividades comerciales en contravención de la legislación regional y nacional. El juez presidente citó una declaración jurada que Teodorin había presentado ante el Tribunal Superior de Sudáfrica, donde había reconocido que era normal que “un ministro del gabinete [terminara] con una parte considerable del precio del contrato en su cuenta bancaria” (párr. 11.2).

El tribunal indicó que la delincuencia de los delitos subyacentes había sido ampliamente establecida. La malversación indebida de fondos públicos, el abuso de confianza y la corrupción (es decir, el soborno) – los delitos predicados por un cargo de blanqueo de dinero en Francia – son todos delitos bajo la ley de EG.

La defensa contestó que los artículos 394 (robo de fondos públicos), 396 (desviando fondos públicos) y 401 (conflicto de intereses) del Código Penal ecuatoguineano están contenidos en la sección sobre delitos cometidos por funcionarios. En teoría, no se puede afirmar que Teodorin (antes ministro, ahora vicepresidente) era funcionario, porque la Ley 2/2005, Funcionarios Civiles del Estado, artículo 2), clasifica a los ministros ya otros altos funcionarios como “Miembros del gobierno”, no como funcionarios públicos.

El argumento es muy engañoso. Es cierto que la Ley 2/2005 clasifica a los ministros fuera de la categoría de funcionarios a los efectos de esa ley administrativa específica. Otras leyes, sin embargo, usan el mismo término (funcionario) para referirse a funcionarios de gobierno en general, incluyendo altos funcionarios de alto rango. (Un análisis fino de la lógica errónea de la reivindicación radical de la defensa de la inmunidad para los altos funcionarios está en este artículo.)

La ley ecuatoguineana sobre los funcionarios públicos podría, sin duda, estar más claramente redactada. Pero la afirmación de que excluye de su alcance altos funcionarios del gobierno parece increíble a primera vista, así como desmentida por las diversas disposiciones de la ley ecuatoguineana citadas por el tribunal y las partes civiles. Además, decir que un empleado del gobierno de bajo nivel podría ser severamente castigado por robar pequeñas cantidades de dinero, pero un ministro podría robar los ingresos de la nación con impunidad no tiene sentido. Ningún gobierno podría funcionar si esa fuera la ley.

Filtracion del juicio del Tribunal Penal Provincial de Bioko Norte de Guinea Ecuatorial

El tribunal debatio la sentencia del Tribunal Penal Provincial de Bioko Norte de Guinea Ecuatorial. Tal como se ha expuesto en el segundo día, ese tribunal consideró que los representantes de las tres empresas mencionadas en la acusación francesa habían realizado actividades vinculadas con el delito principal en Guinea Ecuatorial y, por tanto, habían absuelto a los acusados. El juez presidente señaló, sin embargo, que: “La lectura de la sentencia [en el caso Bioko Norte] indica que la Fiscalía inició cargos penales tras la investigación judicial que tuvo lugar en Francia. La sentencia se refiere al expediente de investigación de los Magistrados de Investigación franceses “, lo que suscitó la sospecha de que un documento confidencial había sido ilegalmente filtrado por alguien relacionado con la defensa.

El tribunal preguntó a la defensa cómo la República de Guinea Ecuatorial, que no es parte civil del caso francés, tuvo acceso a un expediente de investigación amparado por el secreto profesional. La defensa contestó que el «expediente» figuraba en el expediente de la «Comisión Rogatoire» (es decir, una solicitud de asistencia jurídica internacional) en el que se informaba al Gobierno de Guinea Ecuatorial. El juez presidente respondió que la sentencia se refiere a la decisión del juez de instrucción de procesar al acusado, documento emitido después de la “Comisión Rogatoire”. La defensa indicó que el Ministro francés de Relaciones Exteriores habría comunicado la ” Archivo de Instrucción [investigacion]’ al gobierno de Guinea Ecuatorial.

Sin embargo, en lo que respecta a las partes civiles, sólo los abogados defensores han sido o deberían haber tenido conocimiento de dicho expediente. “He estado trabajando en el Ministerio de Relaciones Exteriores durante muchos años. Es imposible que la Embajada de Francia haya podido enviar el expediente bajo nota diplomática “, dijo el abogado de la parte civil CORED.

“¿Ha informado sobre un expediente protegido por un privilegio profesional a la República de Guinea Ecuatorial?”, Preguntó el juez. La defensa respondió: “Algunos elementos fueron entregados por la Comisión Rogatoire, otros fueron enviados por la Embajada de Francia en Guinea Ecuatorial. El Gobierno también ha sido informado del expediente en el contexto de la controversia entre Francia y Guinea Ecuatorial ante la Corte Internacional de Justicia ”

La corte: “¿Pero cómo puede explicar que el fiscal de Guinea Ecuatorial este informado de la declaración jurada de Dominique Bourrinet, director de la Société Générale?”

El Fiscal francés señaló que la decisión fue tomada en nombre del Presidente de Guinea Ecuatorial. En Francia las decisiones judiciales se toman en nombre del pueblo francés.

La objeción constitucional de la Defensa (Pregunta Prioritaria de Constitucionalidad)

Como parte de lo que parecía ser la táctica de anulacion de la defensa, para suspender el procedimiento, plantearon una objeción constitucional – una cuestión prioritaria de constitucionalidad (“CPC”) seis días después del inicio del juicio – y casi siete años después de la investigación formal Había comenzado.

Para el beneficio de los lectores que no conocen los procedimientos penales franceses, el CPC es un mecanismo mediante el cual una parte puede impugnar la constitucionalidad de una disposición legal o la interpretación constante y asentada dada a esa disposición por los tribunales franceses. El CPC puede ser levantado en cualquier momento durante el proceso. En la Ley 2009/1523, de 10 de diciembre de 2009, se establecen tres condiciones para que la CPC sea admisible: a) la disposición debe ser pertinente para la controversia o constituir la base sobre la que se inició la acción penal, b) la constitucionalidad de la controversia La provisión no debe haber sido previamente establecida y c) el CPC debe ser serio y no ser parte de una táctica dilatoria. El CPC puede ser planteado ante cualquier tribunal, que tiene la discreción exclusiva de remitirlo a cualquiera de los dos Tribunales Supremos (la Corte de casacion o el Conseil d’Etat). Si se considera admisible, los Tribunales Supremos disponen de tres meses para decidir si se remite o no a la Corte Constitucional. En efecto, el CPC puede suspender los procedimientos por seis meses o más.

En el caso de Teodorin Nguema Obiang, la defensa planteó la siguiente pregunta:

” ¿Es la constante interpretación dada por la Corte de Casación al artículo 324-1 del Código Penal (blanqueo de dinero) contraviene los artículos 5 y 8 de la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos de 1789 y los principios de no- La retroactividad y la interpretación estricta del derecho penal, en la medida en que la jurisprudencia prohíbe los actos de facilitación de las operaciones de inversion, estratificación e integración de los productos directos o indirectos de un delito que: o bien no están prohibidos en la legislación francesa; El hecho ilícito? ”

Para defender su caso, la defensa impugnó las interpretaciones judiciales anteriores al 2000 del artículo 432-11 del Código Penal (corrupción de funcionarios públicos). La defensa se quejó de que estas interpretaciones permitieron incorrectamente procesar el soborno extranjero y el uso del soborno extranjero como un predicado para el blanqueo de dinero a pesar de que en ese momento el soborno de funcionarios extranjeros no había sido criminalizado en Francia.

La cuestión se planteó porque, en el momento de la supuesta conducta corrupta del acusado (1997-1999), el derecho francés sólo prohibía la “corrupción” de los funcionarios públicos nacionales franceses. La corrupción de funcionarios públicos extranjeros sólo fue penalizada en Francia cuando entró en vigor la Ley de 30 de junio de 2000, que incorporaba en la legislación nacional francesa la Convención de la OCDE sobre el Combate al Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales. La Corte de casacion debía determinar si el delito de blanqueo de dinero podía establecerse incluso cuando el delito subyacente de soborno de funcionarios públicos extranjeros no estuviera prohibido en la legislación francesa. La Corte de casacion confirmó la posición de la Tribunal de apelacion, declarando que “el comportamiento ilícito entraba en el sentido del delito de corrupción de un funcionario público […] la disposición que prohíbe el delito de blanqueo de capitales no exige que el delito subyacente del acto de corrupción subyacente tenga lugar en suelo nacional o que los tribunales franceses tengan jurisdicción para juzgar el delito cometido en el extranjero. El delito de blanqueo de dinero debe ser visto como general, distinto y autónomo “.

Para la defensa, la Corte de casacion se equivocó al condenar a un acusado extranjero de blanqueo de dinero cometido en un momento en que el delito de corrupción de funcionarios públicos extranjeros – delito principal del delito – no era conducta ilícita prohibida en la ley francesa. Por consiguiente, la posición de los tribunales franceses debe ser declarada inconstitucional, ya que viola el principio de legalidad, según el cual no puede haber crimen sin un derecho penal preexistente. Además, el abogado de Teodorin señaló también, en su razonamiento, que el Tribunal de Apelación no consideró el hecho de que el acusado era un ministro de gobierno. “Para llegar a su decisión, el Tribunal de Apelación escuchó el caso como si el acusado fuera un funcionario público nacional de Francia y el comportamiento corrupto hubiera sido cometido en Francia. Pero el Tribunal de Apelación no habría tenido jurisdicción sobre este caso si hubiera sido un funcionario público francés, ya que los funcionarios franceses son juzgados ante el Tribunal superior”. La defensa argumentó que el CPC era admisible en la medida en que cumple las tres condiciones antes expuestas.

La defensa expuso entonces un razonamiento jurídico similar con respecto al delito de apropiación indebida de fondos públicos, uno de los cargos por los cuales el acusado fue remitido a juicio. Según la defensa, la redacción del artículo 432-15 del Código Penal francés sólo prohíbe la desviación de fondos públicos franceses por funcionarios públicos franceses. “El Tribunal tendrá que determinar si la presunta apropiación indebida de fondos por parte de SOMAGUI FORESTAL está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 432-15 del Código Penal francés. Este no es el caso. En nuestras ponencias de conclusión, procuraremos absolver a nuestro cliente sobre la base del principio de legalidad -la prohibición de la aplicación retroactiva del derecho penal- de uno de los delitos subyacentes que es un elemento constitutivo del delito de blanqueo de dinero “.

La parte civil alerto de la desonesta trama, sosteniendo que el CPC era simplemente una táctica dilatoria. La defensa podría haber planteado la objeción constitucional en cualquier momento durante la etapa de investigación judicial – que duró casi siete años. De hecho, esperó hasta el sexto día del juicio para presentarlo. Jean Jacques Urvoas, ex Presidente de la Comisión Parlamentaria de Asuntos Jurídicos, señaló en 2013 que “la presentación tardía de un CPC puede en efecto retrasar el procedimiento a una fecha posterior. Esto es en parte para asegurar que se respete el principio de contradicción. Esto puede contribuir a la desorganización de los calendarios jurisdiccionales o a ralentizar la administración de justicia “.

Las partes civiles presentaron tres argumentos principales para impugnar la admisibilidad del CPC:

  1. La defensa no planteó un CPC que cuestionó efectivamente la constitucionalidad de la interpretación jurisprudencial dada al alcance de una disposición legal. La cuestión cuestionaba [valga la rebundancia] las condiciones de aplicabilidad de la ley en un procedimiento en curso. En tres decisiones (Cass. Crim, 16 de septiembre de 2015, Cass. 1er civ., 8 de diciembre de 2011 y Cass 1re civ., 27 de septiembre de 2011), la Corte de casacion dejó claro que un CPC que impugna las condiciones de aplicación de la ley – y no la conformidad de una disposición legal o una interpretación jurisprudencial en cuanto a su alcance con los derechos y libertades garantizados por la Constitución – se considera inadmisible. La decisión de la Corte de casacion de 24 de febrero de 2010 confirmó que los tribunales franceses eran competentes para determinar la existencia de delitos subyacentes independientemente del lugar de su comisión. El fallo en efecto va en contra de los acusados, de ahí el CPC (improvisadamente concebida).
  2. Las partes civiles recordaron que Teodorin estaba en juicio por blanqueo de dinero, abuso de activos corporativos, apropiación indebida de fondos públicos, abuso de confianza y corrupción. Por lo tanto, la apropiación indebida de fondos públicos no es el único delito del delito de blanqueo de capitales, delito “autónomo” en el derecho francés. Por lo tanto, nada impide al tribunal determinar si los actos de predicado ilícitos estaban comprendidos en el sentido de la ley francesa.
  3. Por último, las partes alegaron que la CPC no era grave: la única cuestión controvertida es la represión del delito de delito de delito de blanqueo de capitales y no el enjuiciamiento del delito subyacente. De conformidad con el artículo 113-2 del Código Penal, que establece que “el derecho francés es aplicable a los delitos cometidos en el territorio de la República”, el lugar de la comisión del delito subyacente carece de pertinencia. Por otra parte, la Directiva de la Comisión Europea sobre la prevención del uso del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo aclaró en su artículo 1-3 que: “el blanqueo de capitales se considerará como tal incluso cuando las actividades que generan los bienes a blanquear se realicen en el territorio de otro Estado miembro o en el de un tercer país. “La parte civil concluyó y se dio la palabra a la fiscalía.El fiscal acogió con beneplácito los debates sobre cuestiones de derecho. Aunque la alegación de la defensa en su CPC nunca ha sido planteada ante el Tribunal Constitucional, no hay ninguna dificultad con respecto a la aplicabilidad del derecho francés a la caracterización jurídica de un delito predicado cometido en el extranjero. La jurisprudencia es constante y establecida; Los tribunales franceses tienen jurisdicción para establecer el origen ilícito de los fondos, por lo que debe desestimarse la excepción constitucional.

Interpretado/traducido por Nsang C. Esimi para Radio Macuto 25/07/2017

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