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Informe del tercer día del juicio a Teodorin Nguema Obiang

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Por Rick Messick

court roomGAB ( The Global Anticorruption Blog )  se complace en publicar este relato del tercer día del juicio al Vicepresidente de Guinea Ecuatorial Teodorin Nguema Obiang de Shirley Pouget y Ken Hurwitz de la Open Society Justice Initiative.

Gran parte del tercer día del juicio de Teodorin fue retomado con una “explicación” larga y altamente engañosa del abogado defensor sobre el caso de Estados Unidos de América vs guante de “Bad Tour” cubierto de cristal blanco y otros objetos de recuerdo de Michael Jackson, El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó y luego resolvió que la propiedad de Teodorin pertenecía a California. La audiencia de París comenzó a las 1:30 pm, miércoles 22 de junio, con las tres juezas presentando en la augusta Chambre des Crieés del Tribunal Correctionnel de París. La Juez Presidenta pidió a las partes civiles y al abogado defensor que comentaran los antecedentes del caso que había revisado el día anterior. Mientras que el abogado de las partes civiles tenía poco que decir, la defensa tenía mucho que decir – poco de lo cuál era exacta.

El abogado defensor de Teodorin, Emmanuel Marsigny, empezó a discutir las ponencias sobre el guante del “Bad Tour” y otro caso de Memoriblia Michael Jackson. La acción fue presentada por la Iniciativa de Recuperación de Activos de Kleptocracia del Departamento de Justicia contra las propiedades de Teodorin en los Estados Unidos, una colección de recuerdos de Michael Jackson, una mansión de $30 millones en Malibu, $38 millones de Gulf Stream Jet, una flota de automóviles de lujo y otros activos (De ahí el extraño nombre del caso).

En tales acciones, el gobierno lleva a cabo una “demanda” contra una cosa (“in rem”), que se considera el “demandado”. El gobierno afirma que el activo “acusado” es “culpable” de ser el producto del crimen Dinero robado del banco) o de haber ayudado en un crimen (el coche del ladrón). Si el gobierno persuade al tribunal de la culpabilidad del “acusado”, el tribunal permite que el gobierno tome posesión del activo.

Cualquier persona que se considere el dueño inocente de tal activo es libre de unirse a los procedimientos como un “reclamante”. Los demandantes pueden bloquear la confiscación mostrando que tienen un título legal sobre la propiedad y desconocían su uso en un delito. Un ejemplo sería el propietario de un automóvil que fue robado y luego utilizó el coche como vehículo de fuga en un robo a un banco.

Si bien este tipo de procedimiento es de hecho civil (y no criminal) por naturaleza, los procesos de decomiso civil han sido durante mucho tiempo parte integral del arsenal de aplicación de la ley penal en el Departamento de Justicia. A menudo se utilizan para combatir los cártels de la droga y otras formas de delincuencia organizada. Tal como lo ha explicado el Departamento de Justicia, esos procedimientos “mejoran [y] la seguridad y la seguridad públicas … eliminando el producto del delito y otras afirmaciones en que se basan los criminales y sus asociados para perpetuar su actividad delictiva”. La confiscación civil es atractiva para la aplicación de la ley debido a la menor carga de la prueba que el gobierno tiene que cumplir. En vez de basarse en “más haya de cualquier duda razonable” se basan en “Más probable que no” según las pruebas presentadas.

En el contexto de la cleptocracia, las acciones de decomiso civil ofrecen tres ventajas particulares: pueden ser perseguidas aun cuando el presunto autor de los delitos subyacentes sea i) fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos, ii) goce de inmunidad como funcionario de alto nivel, o iii) fallecido. La riqueza robada puede todavía ser confiscada y devuelta en beneficio a aquellos cuya propiedad fue robada

En el caso de confiscación de activos civiles de Teodorin en los Estados Unidos, después de tres años y medio de litigio, durante el cual Departamento de Justicia ofreció resmas de evidencia del presunto soborno, extorsión y otros actos corruptos de Teodorin, en octubre de 2014, el Departamento de Justicia y Teodorin llegaron a un acuerdo bajo el cual Teodorin accedió a abandonar la casa de Malibu y algunos de los otros activos. De los aproximadamente 30 millones de dólares recaudados, se destinarán 20 millones de dólares a una organización de caridad que se utilizará en beneficio del pueblo de Guinea Ecuatorial; Y otros 10,3 millones de dólares serán administrados por los Estados Unidos para ser utilizados en beneficio del pueblo ecuatoguineano.

De regreso a París. El abogado defensor logró distorsionar tanto la naturaleza de este mecanismo de decomiso civil (que no existe en Francia) como el resultado específico del caso de los Estados Unidos contra la propiedad de Teodorin. El abogado Marsigny parecía argumentar que el Acuerdo de Arreglo de 2014 alcanzado entre los Estados Unidos y Teodorin se produjo en el contexto de un proceso civil y que, por lo tanto, no podía ser considerado como admisión o indicio de mal comportamiento por parte del Teodorin. Para aquellos familiarizados con la ley estadounidense, este argumento parecía poco sincero y extremamente engañoso

Marsigny varias veces repitió que no había habido ningún proceso criminal en relación con las acusaciones contra la propiedad de Teodorin, lo que sugirió que el caso de confiscación civil no tenía gran importancia desde una perspectiva de aplicación de la ley.

El fiscal francés (que no ha desempeñado un papel importante en el proceso) señaló que, aunque los casos de decomiso de los Estados Unidos eran de naturaleza civil, el acuerdo de solución fue firmado por la División Criminal del Departamento de Justicia.

La Juez Presidenta quería saber por qué Teodorin habría accedido a resolver si no había hecho nada malo. “¿Por qué daría $30 millones si los bienes no estuvieran relacionados con una mala conducta?”, Insistió. La defensa dijo que incluso si Teodorin tenía completa confianza en su inocencia, todavía tenía buenas razones para conformarse con lo acordado con el Departamento de Justicia. En particular, la defensa destacó la personalidad altruista de Teodorin y su participación en numerosas empresas benéficas.

Los fiscales de Departamento de Justicia que presentaron el caso contra la propiedad de Teodorin sin duda se han reído con este. En junio de 2012, en su Segunda Queja enmendada (párrafo 73), el Departamento de Justicia dio un ejemplo de lo que habían aprendido acerca de este altruismo:

  1. “Nguema también ha exigido que las empresas que operan en G.E. contribuyan con dinero a lo que se describe como campañas de servicio público, pero que, de hecho, fueron vehículos para que Nguema se apropiase indebidamente de fondos para su beneficio personal. Por ejemplo, tan recientemente como julio de 2011, Nguema operó un programa para generar fondos supuestamente para mejorar las condiciones de las viviendas de los pobres mediante el cambio de tejados de palma a los que consta de baldosas de zinc. Nguema posee un interés financiero sustancial en la empresa que se encarga de distribuir y suministrar estos azulejos de zinc en G.E. Aunque los anuncios que promocionan esta campaña afirman que las contribuciones a estos programas son voluntarias, las empresas que no contribuyen a estas campañas enfrentan represalias. Las empresas que no han contribuido a la campaña actual, por ejemplo, se identifican públicamente por no haber contribuido en publicidad televisada en G.E. Además, las contribuciones de los donantes no se utilizan para su supuesto propósito, sino que en su lugar son malversadas por Nguema para su beneficio personal.”

La defensa dio además la impresión de que el gobierno de los Estados Unidos había perdido el caso de confiscación en agosto de 2013, después de no haber demostrado ninguna evidencia de ningún delito de corrupción. Aunque no es literalmente falso, el relato de la defensa es completamente engañoso. El 20 de agosto de 2013, el Tribunal del Distrito Federal de Los Ángeles en Los Ángeles de hecho arrojo las principales reclamaciones del departamento de Justicia contra Teodorin. El juez federal actuó bajo un requisito de procedimiento que requiere que el fiscal tenga “causa probable” para creer que la propiedad en particular está relacionada con el crimen. Esto debe demostrarse antes de que el gobierno pueda iniciar un proceso judicial para confiscar la propiedad de alguien.

Al determinar una moción de los abogados estadounidenses de Teodorin para desestimar el caso de Departamento de Justicia por falta de causa probable, el juez federal consideró la cantidad y naturaleza de la evidencia que el Departamento de Justicia había acumulado en abril de 2011, fecha en que presentó su primera queja inicial. Encontró que, a partir del 2 de abril de 2011, el gobierno no podía satisfacer la prueba de la “causa probable” con respecto a las acusaciones de corrupción principal (basadas en violaciones de la ley ecuatoguineana contra la extorsión, la apropiación indebida, el robo, el malversamiento y el soborno). (Los cargos de fraude bancario separados en la misma queja, sin embargo, fueron apoyados por pruebas suficientes que el juez resolvió).

El Departamento había sostenido que la prueba debería haber sido si el gobierno tenía una “causa probable” a partir de la fecha de la queja operativa, la que entonces estaba ante el tribunal. El Departamento de Justicia había presentado dos quejas enmendadas desde abril de 2011, en octubre de 2011 y luego en junio de 2012. Entre la primera y la tercera denuncia, a medida que aumentaba la publicidad alrededor del caso, nuevas fuentes y posibles testigos se enteraron del caso y fueron trasladados  para ofrecer su ayuda. Para junio del 2012, el gobierno había acumulado una gran cantidad de evidencia que llenaba gran parte de lo que podía presentar anteriormente sólo en líneas generales. Si el juez se considerara procesalmente autorizado para tomar toda esta información adicional en cuenta, el gobierno insistió, tendría amplios motivos para gobernar en favor del gobierno. (Algunos ejemplos de algunos de los materiales probatorios excluidos de la consideración de la “causa probable” por el tribunal están disponibles aquí).

El abogado defensor sugirió engañosamente que el departamento de justicia negoció su acuerdo con los abogados de Teodorin con la espalda contra el muro, porque su caso había sido expulsado en agosto de 2013 por un juez que creía que el departamento de Justicia  no tenía evidencia para apoyar sus alegaciones. De hecho, la negociación tuvo lugar en el contexto de un caso recientemente revivificado construido sobre la denuncia ricamente detallada de diciembre de 2013.

En cuanto a por qué el gobierno decidió liquidar, si su caso fue mucho mejor en diciembre de 2013, vale la pena señalar que en el momento de la solicitud original de 2011, el Gulf Stream Jet – que representa más de la mitad del valor de todos los bienes activos – no se encontraba dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos y se consideró altamente improbable que alguna vez llegara a la jurisdicción de los Estados Unidos. Por otra parte, contrariamente al acuerdo con el departamento de Justicia ya la ley aplicable de los EEUU, casi todos los automóviles y la mayor parte de los memorabilia de Michael Jackson – incluyendo el guante famoso – habían sido trasladados por Teodorin fuera de los EEUU haya por el 2012. Lo que quedaba en aquel momento en que las negociaciones estaban en curso eran esencialmente La mansión Malibu de 30 millones de dólares, un Ferrari y media docena de estatuas de Michael Jackson. Las matemáticas sugieren que incluso si el gobierno hubiese litigado con éxito hasta la pérdida de todas las propiedades dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos, habría sido posible, como un asunto práctico, recuperar poco o ningún valor adicional de lo que obtuvo en el acuerdo.

Siguiendo la vibrante ida y vuelta respetando el caso de Estados Unidos y el asentamiento, el resto de la audiencia se dedicó en silencio a revisar las propiedades reales y muebles que Teodorin compró en Francia. (Ejemplos a continuación.)

 

Como se mencionó en nuestro último blog, los hechos sobre esas compras no han sido realmente impugnados por las partes. La cuestión de si las compras pueden haber constituido el lavado de productos criminales se espera que sea discutido el miércoles 28 de junio.

 

 

Shirley Pouget y Ken Hurwitz/ Traducido por  Nsang C. Esimi Cruz para Radio Macuto

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