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Detienen a autor de caricaturas políticas. El gobierno no debería plantear cargos por difamación

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Las autoridades de Guinea Ecuatorial detuvieron a un dibujante y activista político el 16 de septiembre de 2017, señalaron Human Rights Watch y EG Justice. Ha permanecido detenido desde entonces, y es posible que las autoridades se estén preparando para plantear cargos penales por difamación en su contra

© Benjaminec, Shutterstock

La detención del dibujante Ramón Nsé Esono Ebalé es el episodio más reciente de represalias gubernamentales contra artistas que han usado su trabajo para criticar al gobierno. Las autoridades de Guinea Ecuatorial deberían derogar la ley sobre difamación que existe en el país desde el período colonial, que permite la persecución penal de personas que critiquen al presidente y otros altos funcionarios gubernamentales. Deberían desistir de toda intención de imputar a Ebalé invocando esa ley y, si no se lo acusa de ningún otro delito, ponerle en libertad de forma inmediata y libre de cargos.

El gobierno de Guinea Ecuatorial demuestra una vez más su hostilidad hacia cualquier forma de crítica que se desmarque de su censura opresiva”, destacó Tutu Alicante, director ejecutivo de la organización EG Justice, que realiza un seguimiento de las violaciones de derechos humanos en Guinea Ecuatorial.

Ebalé fue detenido por tres agentes de seguridad del Estado tras salir de un restaurante en Malabo, la capital del país, aproximadamente a las 7 de la tarde del 16 de septiembre, junto con otros dos ciudadanos españoles que lo acompañaban en ese momento. Los tres hombres fueron trasladados a la Oficina de Anti-Terrorismo y Actividades Peligrosas en la Policía Central. Los ciudadanos españoles fueron interrogados sobre su vínculo con Ebalé y liberados varias horas después.

Las autoridades siguen manteniendo detenido a Ebalé sin haber planteado cargos, y ya han excedido el período de 72 horas permitido por las leyes ecuatoguineanas.  Durante el interrogatorio se le preguntó por sus caricaturas de contenido político, que a menudo ofrecen una representación lujuriosa de Presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo y otros funcionarios, y le reiteraron que las personas solamente pueden participar en política si están afiliadas a un partido oficial.

Ebalé vivió fuera de Guinea Ecuatorial varios años y había regresado al país para renovar su pasaporte. No ha sido llevado ante un juez, aunque las leyes ecuatoguineanas estipulan que esto debe suceder dentro de las 24 horas. Se permitió que fuera visitado por familiares el 18 y 19 de septiembre, pero los guardias penitenciarios se negaron a que sus hermanas lo visitaran el 17 de septiembre, y tampoco confirmaron si estaba allí detenido.

A partir de las preguntas de los agentes de policía, EG Justice y Human Rights Watch temen que Ebalé pueda ser acusado de haber violado las leyes penales sobre difamación de Guinea Ecuatorial. Human Rights Watch considera que estas leyes son incompatibles con el derecho de libertad de expresión y que Guinea Ecuatorial debería derogarlas.

El arte ha sido habitualmente un espacio seguro donde las voces independientes pueden provocar el debate público de temas sociales en Guinea Ecuatorial, un país donde hay poca tolerancia hacia el disenso político. No obstante, EG Justice y Human Rights Watch han documentado en los dos últimos años un número creciente de incidentes en los cuales el gobierno ha aplicado represalias contra artistas y grupos culturales.

Recientemente, en julio, las autoridades detuvieron arbitrariamente a Benjamin Ndong, conocido como Jamin Dogg, tras difundir una canción en apoyo a los taxistas que se manifestaban contra el aumento del precio de las licencias. En agosto de 2016, las autoridades suspendieron  una producción teatral financiada por UNICEF que tenía como propósito concienciar sobre el VIH, tras un comentario de uno de los asistentes, que preguntó por qué el gobierno no había hecho más para detener la propagación de la enfermedad. Y en agosto de 2015, el ministro de Interior cerró la Casa de la Cultura en Rebola alegando que unos artistas interpretaron una canción de rap que criticaba al gobierno.

Juzgar a un artista por realizar dibujos mordaces y poco halagüeños es incompatible con la libertad de expresión y no hace más que evidenciar el poder que puede tener una pluma”, observó Sarah Saadoun, investigadora de Human Rights Watch.

 

Fuente : Human Rights Watch

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