Guinea Ecuatorial sigue siendo un estado corrupto y violador de los derechos humanos

 

La corrupción, la pobreza y la represión de los derechos humanos siguen asolando a Guinea Ecuatorial, país bajo el liderazgo del presidente  Teodoro Obiang Nguema, que lo preside desde 1979, ha manifestado hoy la organización Human Rights Watch (HRW). 

El análisis está incluido en el  “Informe Mundial 2018: Luchar por los derechos ofrece resultados exitosos”, de 643 páginas, difundido hoy en París y elaborado por la organización de defensa y promoción de los derechos humanos, que analiza la situación de los derechos sociales y políticos en más de  90 países, entre ellos solo cuatro lusófonos — Angola, Brasil, Guinea Ecuatorial y Mozambique.

En la 28 edición del informe, HRW, con sede en Nueva York, divide la situación en Guinea Ecuatorial (…) en cuatro temas, con críticas a la situación de los derechos económicos y sociales, represión a la libertad de expresión y asociación, análisis de los procesos electorales y la oposición política y también las investigaciones internaciones sobre corrupción.

“Los amplios ingresos procedentes del petróleo han permitido vidas lujosas entre la pequeña élite que rodea al presidente, mientras se hace poco por la mejoría de los derechos sociales básicos, incluyendo el derecho a la salud y a la educación, del resto de la población guineoecuatoriana”, se lee en el informe.

HRW, en el documento, da cuenta de la “mala gestión” de los fondos públicos, de  las “creíbles denuncias” de corrupción al más alto nivel y de la “represión” de la sociedad civil, de asociaciones cívicas y de los opositores políticos, así como de la celebración de procesos judiciales “injustos”.

A pesar de estas críticas, señala HRW, Guinea Ecuatorial ha conseguido, este mes, un puesto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, puesto logrado a propuesta del grupo africano de las Naciones Unidas, que presente una sola candidatura con su nombre, garantizando así su elección.

Varios gobiernos y numerosas organizaciones de defensa y promoción de los derechos humanos, indica HRW, han comenzado a investigar a las autoridades guineoecuatorianas, acusándolas de “lavado de capitales” en el extranjero, destacando el caso de Teodorín Obiang, hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, condenado en Francia por “ocultar” el origen de más de 100 millones de euros utilizados para pagar una mansión en París, así como otros bienes de lujo, como automóviles de alta cilindrada.

En 2016, poco después de que los investigadores franceses hubieran terminado sus pesquisas, en “una aparente tentativa para garantizar su impunidad”, Teodoro Obiang Nguema nombró a Teodorín vice-Presidente de Guinea Ecuatorial.

Un proceso similar, recuerda  HRW, pende también sobre Teodorín en Suiza, ligado a acusaciones de lavado de capitales en operaciones financieras que tuvieron lugar en 2016, así como en España, antigua potencia colonizadora de Guinea Ecuatorial, afectando a otros altos dirigentes del régimen de Obiang Nguema.

En lo que hace a la libertad de expresión y de prensa, y más allá de los medios de comunicación social públicos, existen algunos periódicos privados, mayoritariamente ligados a personalidades próximas al régimen. Respecto a la libertad de asociación está “ampliamente condicionada” mediante una ley restrictiva de la legalización de organizaciones no gubernamentales.

“Los pocos activistas locales que intentan promover los derechos humanos son, con mucha frecuencia, objeto de intimidaciones y represalias”, afirma HRW, recordando, en paralelo, el caso de un “dibujante de comics” político que se atrevió a criticar al régimen de Malabo, y ha acabado preso, manteniéndosele en la cárcel sin acusación formal. .

En el terreno más político, HRW destaca el “poder absoluto” del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE), cuyo “monopolio virtual” de la vida política y del gobierno se mantuvo en 2017, al tiempo que la oposición ha sido víctima de represión e intimidación, siendo frecuentes también las detenciones, unas breves y otras más prolongadas.

En las elecciones generales del 12 de noviembre de 2017, recuerda HRW, el PDGE conquistó la totalidad de los 70 puestos del Senado y, en la Cámara de los Diputados, se atribuyó 99 de los 100 escaños, en una votación que los Estados Unidos, a través de su embajada en Malabo, consideraron había estado marcada por las irregularidades.

 

Fuente :Agencia Lusa/Human Rights Watch (HRW)

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