CIJ no juzgará condena a “Teodorín”, pero estudiará estatus de palacete

 

Por David Morales Urbaneja

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) aceptó hoy una solicitud de Francia y no intervendrá en la condena por blanqueo de capitales contra el vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang Mangue, “Teodorín”, aunque estudiará si el país galo se excedió al confiscarle un palacete en París.

El alto tribunal de la ONU aceptó, por once votos a cuatro, una de las objeciones preliminares interpuestas por Francia y se declaró incompetente para juzgar si el país galo violó los derechos diplomáticos del hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema.

Esta decisión se enmarca en el proceso de la Justicia francesa contra “Teodorín” por blanqueo de capitales, conseguidos en su propio país a través de prácticas corruptas.

El Tribunal Correccional de París lo condenó el año pasado a tres años de cárcel y a 30 millones de euros de multa, aunque ambas penas fueron declaradas exentas de cumplimiento siempre y cuando el condenado no reincida.

En el transcurso de la investigación, las autoridades galas confiscaron todos sus bienes comprados en Francia, los cuales están valorados en más de 100 millones de euros e incluyen edificios, vehículos de alta gama y otros artículos de lujo.

Guinea Ecuatorial protestó enérgicamente y llevó el caso ante el alto tribunal de la ONU, pidiendo que se paralizara el proceso y que Francia devolviera parte de los bienes incautados, pues según la versión del país africano eran propiedad del Estado.

La CIJ rechazó hoy definitivamente entrar en el proceso legal contra “Teodorín”, pero declaró que tiene competencia para estudiar el estatus de uno de los edificios incautados, el palacete ubicado en el número 42 de la Avenida Foch de París.

Dicho inmueble pertenecía a “Teodorín” y podía ser objeto de confiscación, según la Justicia francesa, pero Guinea Ecuatorial lo considera parte de su misión diplomática en Francia, razón por la cual no podría ser decomisado.

Francia había pedido a los magistrados que se declararan incompetentes para establecer el estatus legal del edificio, pero el alto tribunal rechazó hoy esa solicitud de forma unánime.

Por esa razón, concluyó que tiene jurisdicción para establecer el estatus legal tanto del inmueble, de 6.000 metros cuadrados repartidos en seis pisos, como de todos los muebles y bienes que se encontraban en su interior en el momento de la incautación.

Las futuras vistas orales que se lleven a cabo en la CIJ deberán aclarar si el artículo 22 de la Convención de Viena, que establece la inmunidad diplomática de los bienes de los Estados en otros países, puede aplicarse al palacete.

Ese artículo establece que “los locales de las misiones diplomáticas” deben ser respetados por los Estados receptores, cuyos agentes deben “abstenerse” de entrar en ellos sin el permiso de las autoridades del país que disfrutan de su titularidad.

Durante la fase de objeciones preliminares, Francia aseguró que el inmueble no salía en sus registros como propiedad de Guinea Ecuatorial ni tenía letreros que así lo indicaran.

La situación cambió un día después del primer registro de la Policía, cuando los agentes se encontraron con pegatinas indicando que el inmueble era del país africano, según la versión gala.

Para Guinea Ecuatorial no hay duda de la titularidad del palacete, porque éste fue adquirido con dinero de la república, según dijeron sus representantes durante las vistas orales del pasado febrero.

Por último, la CIJ rechazó hoy una tercera objeción preliminar de Francia y descartó, por catorce votos a favor y uno en contra, declarar que la interposición del caso ante el tribunal internacional por parte de Guinea Ecuatorial incurría en un “abuso procesal”.

Tras la lectura de la sentencia, las delegaciones de ambos países rechazaron hacer comentarios a la prensa para valorarla.

 

EFE

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