La dictadura con la que (casi) nadie quiere hablar

Países como Portugal, que quieren promover un orden multilateral basado en las normas de derechos humanos, no pueden aceptar ir a clubes con un régimen como el que gobierna en Malabo hace 40 años.

Por Pedro A . Neto

Cuatro décadas de terror, represión, muerte, tortura y pobreza marcan la Guinea Ecuatorial de Teodoro Obiang, hoy en día el jefe de Estado más antiguo del mundo.

Entre 189 países, Guinea Ecuatorial ocupa el puesto 149 en el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas. Sin embargo, entre los principales productores de petróleo del África subsahariana, ocupa el primer lugar en la diferencia entre el ingreso per cápita y el indicador de desarrollo humano. Este es el país donde la riqueza está peor distribuida.

Poco ha cambiado en Guinea Ecuatorial en los últimos 40 años, a pesar de que es tan rica en recursos naturales que podrían sacar a toda la población de la pobreza. La maldición de los recursos es precisamente ésta. La riqueza existe, pero sólo unos pocos, muy pocos, se benefician de ella a través de una forma de (des)gobierno, recurriendo a la corrupción y al monopolio absoluto del sistema político.

Añadamos la práctica constante, instituida y sistemática de la represión contra los que se atreven a pensar y decir diferente. Detenciones arbitrarias y por motivos políticos. Los juicios injustos practicados por un aparato judicial que se confunde con la maquinaria gubernamental. La pena de muerte, que, a pesar de los compromisos contraídos al más alto nivel, se mantiene en el sistema penal de Guinea Ecuatorial, aunque sea en forma de moratoria. Todo ello ante la mirada atenta, pero negligente y, lo que es más grave, cómplice, de la comunidad internacional.

Obiang se llevó un premio a casa cuando, en 2014, se unió a la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), contra una serie de condiciones que incluían, entre otras medidas, la abolición de la pena de muerte. No ha pasado nada desde entonces.

Había esperanza cuando, en 2006, Obiang aprobó una ley que prohibía el uso de la tortura por parte de las fuerzas de autoridad y seguridad. Pero esta práctica y, en general, los tratos crueles, inhumanos o degradantes siguen siendo una de las herramientas utilizadas en las prisiones y las comisarías de policía, entre otros lugares. Esperanza, también, cuando Obiang asumió a principios de este año que aprobaría la ley que aboliría la pena de muerte. Pero todavía no se ha visto ni una sola línea de tal proyecto. Hoy dice que intentará convencer al parlamento dominado por su partido de que apruebe la enmienda para finales de este año. ¿Qué castigo les impondrá si no hacen su “voluntad”?

Portugal, la CPLP y Guinea Ecuatorial

Ya se ha hablado mucho de la presencia de Guinea Ecuatorial en la CPLP. El pasado mes de junio, por primera vez, una misión técnica “importancia” de la organización estuvo en Malabo para supervisar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco de su proceso de adhesión. Posteriormente, los gobiernos de los nueve países manifestaron que “tomaron nota, con satisfacción, del compromiso de este Estado miembro en su proceso de integración”. La fórmula utilizada es, creo, una generalidad político-diplomática, pero el tono positivo (“satisfacción” y “compromiso”) es preocupante a la vista de lo que está ocurriendo en Guinea Ecuatorial. Y contrasta con las posiciones que tanto el jefe del Gobierno como la diplomacia portuguesa han expresado al respecto.

Seamos claros. Lo que debe (aún) destacarse de la adhesión de Guinea Ecuatorial a la CPLP -si bien es un país en el que los derechos humanos son vilmente violados- es que los países que se rigen por el cumplimiento de los principios y normas fundamentales de las sociedades orientadas al bien común, el desarrollo y el bienestar de sus pueblos exigen, de una vez, que se cumplan, promuevan y garanticen los derechos humanos de todas las personas. Exigir la abolición inmediata de la pena de muerte. Exigir que se ponga fin a la represión y persecución de los opositores políticos, los defensores de los derechos humanos y los periodistas. Exigir que la riqueza producida en el país se utilice para reformas y desarrollo socioeconómico a fin de reducir la pobreza en el país.

Países como Portugal, que quieren promover un orden multilateral basado en las normas de derechos humanos, no pueden aceptar ir a clubs con un régimen como el que ha gobernado en Malabo durante 40 años. Si la integración en el espacio de la CPLP no puede producir este tipo de cambio, ¿qué sentido tiene? ¿Sólo hacer negocios?

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