De la incapacidad institucional del sistema judicial a garantizar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva proclamada por la vigente Ley Fundamental

El reciente episodio de corrupción judicial protagonizado por el presidente de la corte suprema de justicia, David NGUEMA OBIANG, y por esta razón el más escabroso, así como la feroz violación de las mínimas garantías procesales en el juicio de la trama denominada del 24-D, desautorizan la presentación idílica expuesta por el ministro de justicia Salvador ONDO NCUM ante el Comité de los derechos humanos de las Naciones Unidas, en un vano intento, como siempre, de justificar la abyecta y aborrecida dictadura que asola nuestro país desde hace cuarenta largos años.

Las declaraciones del ministro pretenden acreditar la constitucionalidad del estatuto orgánico del consejo superior del poder judicial (CSPJ) y del poder judicial, así como la presunta convergencia entre el ordenamiento penal del país y la normativa internacional en materia de protección de los derechos humanos. Valgan por tanto las siguientes aclaraciones para demostrar la inverosimilitud de tales aseveraciones, y la inefectividad de los preceptos grandilocuentes proclamados por el régimen dictatorial. Por cuanto la existencia de un estado de derecho no se supedita a la mera enunciación de normas sino a la efectiva aplicación de las mismas.

De la inconstitucionalidad del estatuto orgánico del poder judicial. Primeramente, y contrariamente a lo que alega el ministro, el vigente estatuto orgánico del poder judicial, conformado por las leyes orgánicas reguladoras del CSPJ (LOCSPJ) y del poder judicial (LOPJ), no se adecua a los principios constitucionales de separación de poderes y de independencia judicial consagrados por la Ley Fundamental (LFGE). 

De la inconstitucionalidad del estatuto orgánico del CSPJ. Preguntado por el Comité para que explicara qué medidas había adoptado el gobierno para garantizar la independencia judicial, afirma el ministro de justicia que “el gobierno ha reforzado las capacidades institucionales el CSPJ”. A cuyo efecto merece recordarse previamente que la cuestión del empoderamiento y de la capacidad institucional del órgano de gobierno es tan esencial como la de la efectividad del principio de la separación de los poderes que vertebra la organización de todo estado democrático de derecho, y del que deriva el de la independencia judicial. No concibiéndose por tanto la separación de poderes, ni a fortiori la independencia del poder judicial si, pese a erigirse un garante constitucional de la misma, cual es el CSPJ en derecho interno, el mismo permanece en una situación de dependencia y de sumisión respecto del poder ejecutivo. Por cuanto sería en efecto tautológico reafirmar el principio de la independencia del órgano garante de la independencia del poder judicial,  concibiéndose por tal razón la consustancialidad de su autonomía organizativa y funcional al mandato que la constitución le confiere.

En efecto, la independencia judicial constituye una condición previa de todo estado de derecho, y su efectividad se supedita precisamente a la capacidad institucional de su órgano de gobierno, conforme recogen los principales instrumentos de derecho internacional y comparado (Declaración Universal de los Derechos Humanos o DUDH, Pacto Internacional sobre Derechos Políticos y Civiles o PIDPC, Principios Fundamentales adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1985, relativos a la independencia de la magistratura, Principios de Bangalore sobre deontología judicial del 2002, el Informe de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho adoptado durante su 82 sesión plenaria en 2010, etc). Lo cual requiere que se estructure el órgano de gobierno del poder judicial con inclusión de miembros independientes, y con una representación mayoritaria de miembros judiciales elegidos por sus pares, al efecto de incidir de manera determinante en todas las decisiones relativas al nombramiento y a la carrera de los jueces, el régimen disciplinario, la gestión y la inspección de los juzgados.

En Guinea Ecuatorial, el CSPJ fue instituido como órgano de gobierno del poder judicial tras la reforma constitucional de 1995, en virtud del artículo 96 LFGE. Paradójicamente, el constituyente no determina su composición sino que lo relega a una ley orgánica, en violación de los artículos 31 y 32 LFGE, a tenor de los cuales incumbe a la misma Ley Fundamental la determinación de las competencias y de la composición de todos los órganos constitucionales a través de los que el Estado ejerce sus funciones, correspondiendo únicamente a la ley orgánica el desarrollo de las mismas.

Fundada en la descrita inconstitucionalidad redhibitoria, la configuración actual del CSPJ, en tanto que confina a la traslación de sus atribuciones al poder ejecutivo (representado por el presidente del gobierno, el ministro y el vice ministro de justicia, y al fiscal general en su calidad de órgano subalterno del ministro de justicia), trasluce una violación de los principios constitucionales de separación de poderes y de independencia del poder judicial afirmados en la vigente LFGE.

En efecto, a tenor de la vigente ley orgánica número 4/2002, de fecha 23 de mayo, integran el CSPJ el presidente de la república, que lo preside, el presidente de la corte suprema de justicia como vice-presidente, el fiscal general de la república, un miembro a propuesta del Poder Ejecutivo, otro a propuesta de la corte suprema de justicia, y dos a propuesta del Parlamento. Sin embargo y en atención a la propuesta de exclusión de los miembros judiciales iniciada por el ministro ONDO NCUM, se han incorporado al CSPJ, en virtud de nombramientos acordados mediante decreto presidencial, el ministro de justicia (el mismo ONDO NCUM), el vice ministro de justicia Juan OLO MBA (al propio tiempo decano del colegio nacional de abogados) quienes asumen desde entonces, de manera rotativa, la función de vicepresidente del Consejo.

La descrita configuración del CSPJ se contrapone a la propuesta de reforma formulada por el entonces presidente de la corte suprema de justicia, Juan Carlos ONDO ANGUE, quien en su discurso de apertura del año judicial 2018, reafirmaba la necesidad “en aras de la reversión de los factores disfuncionales del poder judicial, de acometer el empoderamiento del CSPJ, al que la LFGE inviste como órgano de gobierno encargado de garantizar su independencia. Debiendo a tal efecto considerarse la pertinencia de configurarlo con autonomía organizativa y funcional, y de otorgarle la competencia exclusiva para la selección y la formación de Jueces, el ejercicio de la potestad disciplinaria y de inspección, así como la previsión y ejecución del presupuesto del poder judicial. En virtud de lo cual debe designarse a sus miembros no judiciales de entre personalidades independientes que no pertenezcan a otras instituciones u órganos del Estado, y cuya competencia profesional sea acreditada. Toda vez que, y al no tratarse de una función meramente honorífica, los miembros no judiciales deben ser designados de entre personalidades con aptitud a garantizar la funcionalidad del Consejo mediante su dedicación plena y exclusiva, y su sujeción al régimen de incompatibilidades establecido por la vigente LOPJ para magistrados y jueces. Debiendo asimismo considerarse la pertinencia de propugnarse la integración de miembros judiciales en el Consejo. Toda vez que ejercen éstos la función de gobierno en sus respectivas jurisdicciones,cuya complementariedad justifica plenamente su representatividad en el Consejo, siguiendo por otra parte el consagrado criterio organizativo adoptado en derecho comparado”.

Por lo que precede, es indiscutible que la estructura orgánica ideada por el ministro ONDO NCUM no contribuye a reforzar la capacidad institucional del CSPJ, sino que refuerza la sumisión del poder judicial al ejecutivo, en violación de la vigente LFGE.

Del incumplimiento del vigente estatuto orgánico del poder judicial.Interrogado acerca de las medidas adoptadas para garantizar la independencia de los jueces, afirma el ministro de justicia que: “Hemos adoptado tres medidas: La definitiva profesionalización de la administración de justicia, La dotación de los medios que requiere la administración de justicia para ejercer cabalmente las funciones que le corresponde, según la ley fundamental y las leyes que la desarrollan… hemos avanzado bastante en ese campo, hasta ese momento seguimos con soluciones de carácter provisional”.

Al respecto, cabe simplemente remitirse a lo expuesto sobre la inconstitucionalidad del vigente estatuto orgánico y la derivada situación disfuncional del CSPJ para inferir el corolario de la inexistencia de una administración de justicia profesional, como resultante, por otra parte, de la inaplicación del mismo estatuto orgánico regulado en la vigente LOPJ.

En efecto, en relación al ingreso en la carrera judicial y al nombramiento de magistrados y jueces, dispone la LOPJ que debe proveerse mediante mérito y competencia profesional evaluados mediante concurso-oposición. En realidad, y al posibilitarlo la disfuncionalidad del CSPJ, la designación y la remoción del personal jurisdiccional se supedita a la aleatoriedad de la decisión política, manifestada por la potestad discrecional del dictador. Es a tal efecto irrelevante la facultad de propuesta reconocida al ministro de justicia o al fiscal general.Pudiendo por tanto recaer la designación en personas sin la mínima capacidad profesional, siendo ilustrativo el lamentable estado del poder judicial tras la última remodelación iniciada tras el cese de Juan Carlos ONDO ANGUE.

Por cuanto a nivel formativo, resalta la impreparación académica del personal jurisdiccional, a la que no puede suplir la situación disfuncional del Instituto de Práctica Judicial (IPJ), originada por el afán del ministro ONDO NCUM de acapararse los recursos afectados a dicho centro formativo.Por ende, la inexistencia del CSPJ, conjugada con las constantes remociones aleatorias de jueces y fiscales, no permite la concepción y la dispensación de planes formativos plurianuales.

En efecto, y contrariamente a las previsiones de la citada LOPJ, los jueces y magistrados no se adscriben a la carrera funcionarial, ni por tanto al derecho de permanencia en el cargo, conforme se expone. Valgan a titulo ilustrativo, las reiteradas violaciones del articulo 98 LFGE sobre obligatoriedad del mandato de cinco años del presidente y de los magistrados de la corte suprema de justicia, respecto de las cuales afirma sin embargo el ministro de justicia que la potestad discrecional de nombramiento y de cese de los cargos públicos de la administración central, otorgada al presidente de la república en virtud del artículo 41 h de la Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial (LFGE), se extiende a los magistrados, jueces y fiscales.

La precariedad funcionarial de los jueces y magistrados se manifiesta igualmente en la violación de su derecho a un nivel de remuneración conforme a la dignidad del cargo y a la amplitud de sus misiones, regulado en la vigente LOPJ. Por cuanto la ley de presupuestos les adscribe a equiparaciones salariales correspondientes a los cargos subalternos e infravalorados de la administración.

Finalmente, la inefectividad del régimen disciplinario y de inspección regulado en la LOPJ, ante la ya mencionada inexistencia del CSPJ, ha contribuido al sometimiento del personal jurisdiccional a la potestad disciplinaria ejercida por la autoridad política mediante remociones colectivas (“disoluciones del poder judicial”), y detenciones arbitrarias del personal jurisdiccional. Siendo relevante la detención arbitraria, tortura y posterior asesinato de José ESONO NDONG BINDANG en las dependencias del ministerio de seguridad nacional, por haber ordenado el cobro de derechos salariales a favor de ex trabajadores de empresas pertenecientes al vice ministro Juan OLO MBA (APEGESA, MOBIL, SONAVI, ATSIGE). Dicho asesinato fue justificado por el ministro ONDO NCUM ante la Mesa de Diálogo arguyendo una hipotética ilicitud de cobro de costas procesales.

En conclusión merece relevarse que desde el otorgamiento de la segunda constitución por el Consejo Militar Supremo en 1982, Guinea Ecuatorial es nominalmente un estado de derecho que erige el derecho a un proceso justo, el derecho a la justicia, en derecho fundamental de valor constitucional, al que se otorga una garantía jurisdiccional reforzada mediante la instauración de un recurso directo ante el Tribunal Constitucional (TC), el recurso de amparo constitucional, inspirado del modelo mejicano y español. Si bien y al ser un derecho de configuración legal, a tenor del principio de mediación legal proclamado en el artículo 13 inciso 2, se erige el poder judicial en garante de derecho común del mismo. Sin embargo y conforme ya expusimos, el incumplimiento del estatuto orgánico del poder judicial le priva de la necesaria capacidad institucional para la asunción de su función de garante de los derechos fundamentales. 

En efecto, el derecho a la tutela judicial efectiva del articulo 13 j LFGE constituye un requisito indispensable del estado de derecho, por cuanto constituye el cauce necesario para la efectividad de las normas que integran el vigente ordenamiento, así como para la preservación de los derechos e intereses de los ciudadanos frente a ilícitos realizados por los representantes de los poderes públicos. Sin embargo y conforme se expone, la propia incapacidad institucional del poder judicial le inhabilita para la asunción de su función protectora de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

A tal efecto, es de relevar que la instauración del recurso de amparo ante el TC no ha contribuido al reforzamiento de la garantía jurisdiccional del enunciado derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, sino que ha redundado, bajo el impulso de personas como Salvador ONDO NCUM, en un factor agravante de la inseguridad jurídica prevaleciente en el país. Por cuanto le está vetado a dicho TC ejercer sus atribuciones propias, que consisten esencialmente en garantizar la efectividad de la supremacía de la Ley Fundamental mediante el control de la constitucionalidad de las leyes.

Por tal razón, la jurisdicción constitucional en devenir ha sido investida por el régimen dictatorial como una instancia casacional bis con potestad de revocar sentencias firmes de la corte suprema de justicia, aún cuando éstas resolvieran previamente sobre las violaciones del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en las que hubieran incurrido las jurisdicciones  inferiores. Entendiéndose con facilidad que la instauración mimetica del recurso de amparo constitucional, para la tutela de los derechos y libertades esenciales del ciudadano, persigue como único fin la legitimación de la dictadura, al no conferirse tampoco al TC la capacidad institucional necesaria para la asunción de dicha ambiciosa función.

En efecto, al igual que para el poder judicial, la designación de los magistrados del TC obedece a la regla de cooptación política, sin requisito de formación ni de experiencia en el ejercicio de profesiones jurídicas, como atesta su configuración actual (un prófugo de la justicia española de presidente, de magistrados un maestro de enseñanza básica, una ex secretaria administrativa del senado, una ex funcionaria de la comisión de la CEMAC, un militar, etc). Nótese sin embargo que dicha exigencia formativa debiera ser reforzada para los miembros del TC, encargados teóricamente de supervisar la integridad de procesos judiciales sobre los que, como puede apreciarse, carecen los actuales componentes de suficientes conocimientos.

Una vez designados y dejando de lado su impreparación intelectual, es de notar que los magistrados del TC no se adscriben tampoco a un estatuto orgánico que prevenga la propensión a la venalidad y a la corrupción. Siendo notorio el episodio de la presidencia de Salvador ONDO NCUM, que lo transformó en celula directiva de la corrupción judicial a través de su bufete ONDO y ONDO, del que forman parte dos de los magistrados, Macario ONDO NDONG MOFUMAN, Angel MASIE EYEGUE NANSIE (compañero de ONDO NCUM en el Partido del Progreso de su tío-padre, en el que ejercía la función de secretario de relaciones institucionales), y la misma secretaria del TC.

Sin perjuicio de ello, el ejercicio de la potestad subsidiaria atribuida al TC mediante el recurso de amparo ha venido incidiendo, como ya fuera el caso en derecho comparado, en una innegable duplicidad con la potestad nomofilactica atribuida al proceso de casación, con la derivada tensión permanente entre ambos órdenes jurisdiccionales que conforta la inseguridad jurídica prevaleciente en nuestro país.

De la inconstitucionalidad de la función jurisdiccional atribuida de facto a la comisión de quejas de la cámara de los diputados y al defensor del pueblo. La potestad de resolución de los conflictos sociales e inter-personales sub judice a los órganos de mediación pública constituye otro factor agravante de la inseguridad jurídica que prevalece en Guinea Ecuatorial. Por cuanto la misma conculca los principios de exclusividad, unicidad e independencia del poder judicial consagrados por la LFGE.

En efecto, ambos órganos de mediación pública, la comisión de quejas de la cámara de los diputados y al defensor del pueblo, se erigen como alternativa a la negativa de la dictadura de implementar los principios constitucionales rectores de poder judicial independiente, y representan a día de hoy una justicia paralela con potestad para emplazar a las partes, organizar juicios públicos con publicidad mediática, dictar resoluciones irrecurribles y ejecutarlas por vía de apremio. Lo cual constituye una incuestionable violación de la vigente LFGE que determina la nulidad ab initio de todas las resoluciones dictadas por ambos mediadores públicos en la materia. 

Accesoriamente, las instancias del partido democrático de Guinea Ecuatorial (PDG) ejercen igualmente atribuciones concurrentes a las del poder judicial, especialmente en conflictos laborales colectivos, en colaboración con las instancias del ministerio de trabajo a las que la ultima reforma legislativa otorga paradójicamente competencias en materia de conciliación, en violación de las competencias jurisdiccionales reconocidas por la misma ley a las magistraturas de trabajos. Lo cual representa igualmente un claro menoscabo de la LFGE.

De la inconstitucionalidad del vigente estatuto orgánico de la jurisdicción militar. Interrogado por el Comité acerca del funcionamiento de la jurisdicción militar, afirma el ministro que:“Hasta donde nos consta la justicia militar conoce única y exclusivamente de casos castrenses, en el que están implicados miembros de los cuerpos uniformados en el ejercicio y en su condición de miembros de tales cuerpos, no tenemos constancia de casos en los que eso se haya incumplido, nos parecería inconcebible que la justicia militar tome acciones en hechos civiles, no obstante si ponen algún ejemplo concreto lo estudiaremos con detenimiento e informaremos a este comité sobre los resultados de esa investigación

Nuevamente, es notoria la desproporción entre el vigente marco normativo y la realidad funcional descrita por el ministro de justicia. Pues a tenor de los principios constitucionales de independencia y de unicidad del poder judicial, desarrollados en el artículo 11 de la LOPJ, el ámbito competencial de la jurisdicción militar se circunscribe al conocimiento de los hechos tipificados como delitos o faltas por el Código de Justicia Military a la tutela jurisdiccional de la potestad disciplinaria militar ejercida en los distintos escalones de la organización jerárquica de las Fuerzas Armadas. Siendo recurribles las resoluciones dictadas en tal ámbito ante la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con lo regulado en el artículo 37 inciso b) de la LOPJ. Relevando igualmente de la corte suprema de justicia la resolución de los conflictos de jurisdicción que pudieran plantearse entre la jurisdicción ordinaria y la militar, de conformidad con lo regulado por el artículo 19 LOPJ.

Lo cual presupone la adscripción del orden jurisdiccional militar al principio constitucional de independencia judicial rector del correspondiente estatuto orgánico del que derivan las reglas de inamovilidad, de responsabilidad y de sumisión exclusiva al imperio de la ley. Sin embargo, y como lo revela el lapso del ministro, la jurisdicción militar no se circunscribe a los únicos hechos tipificados como delitos o faltas por el código de justicia militar, cometidos por militares, sino que se extiende a las causas civiles o penales ordinarias seguidas contra los militares y los componentes de los cuerpos policiales y todos “los uniformados” (incluyendo a los bomberos).

Por otra parte, y no más que la jurisdicción de derecho común, la jurisdicción militar no se conforma mediante la adscripción de jueces y magistrados profesionales, sino que es ejercida por los mismos órganos de mando, y se caracteriza por la violación sistemática del derecho a la defensa y a las garantías procesales del artículo 13 inciso j de la LFGE. Nótese que si bien no existe una sala militar ni en la corte suprema de justicia ni en el TC, ambas jurisdicciones están sin embargo integradas por dos generales del ejército, Cándido NCOGO ENGONO en la corte suprema y Jesús NGOMO NVONO en el TC, si bien se puso un término  a la generalización de dicha práctica en las jurisdicciones inferiores. No obstante y como ya publicaran numerosos medios, al objeto de imprimir mayor “seriedad” a la celebración del juicio contra los presuntos implicados en el presunto intento de golpe de estado del 24 de diciembre de 2017, entraron a formar sala en la audiencia provincial de Bata, por ordendel dictador, el almirante de la marina Francisco Javier NZO, el general de las fuerzas aéreas Francisco ASUMU OBAMA,y el general de policía, Vicente MBA ASUMU

En definitiva, la configuración de la jurisdicción militar lo es igualmente en violación del principio de independencia y de unicidad del poder judicial afirmados en la LFGE, y no se ajusta desde luego a las recomendaciones de la Comisión de los derechos humanos de las Naciones Unidas para la desmilitarización progresiva de la administración de justicia y su conformación a las normas protectoras de los derechos humanos,mediante la relegación de su ámbito competencial a la tutela jurisdiccional de la potestad disciplinaria militar ejercida en los distintos escalones de la organización jerárquica de las Fuerzas Armadas.

De la insuficiencia de las dotaciones asignadas al poder judicial. Los disfuncionamientos del sistema jurisdiccional que se describen son resueltamente tributarios de la inaplicación del estatuto orgánico de la vigente LOPJ y del irrespeto del principio constitucional de independencia del poder judicial, y confinan a la incapacidad institucional del poder judicial de asunción de su función de garante de la tutela efectiva de los derechos y libertades de los ciudadanos. La cual se ve agravado, si cabe, por la falta de medios, si bien alude el ministro que el gobierno ha dotado a la administración de justicia “de los medios que requiere para ejercer cabalmente sus funciones”.

Respecto a esa última afirmación y pese a la opacidad que caracteriza a la ejecución del presupuesto del estado en Guinea Ecuatorial, obran sin embargo datos e informaciones fiables que ilustran la realidad dotacional del poder judicial, cuya asignación de gastos (que incluye al CSPJ y al ministerio público) supera apenas el 1% del presupuesto general del estado, notoriamente insuficiente para garantizar la efectividad del programa de dotaciones inmobiliarias, de equipamiento de los Juzgados y de revalorización de las bases salariales del personal jurisdiccional. Si bien, por razón de la evocada incapacidad institucional del CSPJ, incumbe la determinación de las necesidades dotacionales del poder judicial, y de la fijación del techo de ejecución de la correspondiente asignación, al mismo gobierno, respecto del que se sitúa una vez más el poder judicial en una posición de subordinación. Lo cual contrasta con el derecho de gestión y de ejecución directa reconocido al parlamento, en reconocimiento, presumiblemente, de su mejor predisposición a la sumisión política al sátrapa.

Lo cual concuerda asimismo con el orden de prioridades del régimen, en el que la demanda social se relega a las antípodas de los gastos suntuarios relacionados con el tren de vida presidencial (construcción de aeropuertos privados y de palacios en todo el ámbito nacional, adquisición de bienes en el extranjero, financiación de flotas de aviones y de vehículos de lujo, de yates, obligaciones diversas relacionadas con procesos judiciales abiertos en el extranjero, RIGGS BANK, FITZPATRICK, Biens Mal Acquis en Francia y ante la Corte Internacional de La Haya, ORANGE, POCERO, querellas en tramitación en España, Suiza, Suráfrica, etc, y próximamente el aluvión de demandas por impago a iniciarse por las empresas ejecutoras de las obras de construcción correspondientes al programa de inversiones públicas o PIP, etc).

Del apoderamiento del Colegio Nacional de Abogados (CNA) por la dictadura.Acerca del funcionamiento actual del colegio de abogados de Guinea Ecuatorial, afirma el ministro ONDO NCUM sin pudor que ,“A día de hoy, tenemos a nivel subregional (África Central) el régimen de abogacía más avanzado en términos de regulación y de provisión de medios. Todos los ciudadanos (nacionales o extranjeros) que deban comparecer ante la justicia y que no puedan permitirse un abogado tienen derecho a acudir a uno de oficio, lo cual le cuesta al estado unos 340 millones de francos anuales”.

En realidad, el apoderamiento de dicha asociación gremial por el gobierno dictatorial constituye una de las más graves negaciones de los derechos y libertades esenciales de los ciudadanos, si se tiene cuenta la trascendente función que desempeña en la impartición de justicia en nuestro ordenamiento. Por tal razón la aserción del ministro ONDO NCUM revela nueavamente el ánimo de tergiversación de una situación disfuncional de sobra conocida por la Unión Internacional de Abogacía (UIA) y por las instancias de las Naciones Unidas. 

En efecto, creado en los albores de la post independencia en virtud del estatuto general de la abogacía española de 1968, que rige en nuestro país en virtud de la regla de aplicación supletoria de las normas coloniales, el Colegio Nacional de Abogados de Guinea Ecuatorial es una asociación gremial que defiende y representa los derechos de los abogados de Guinea Ecuatorial, es miembro colectivo de la UIA y mantiene acuerdos de hermanamiento con otras organizaciones análogas. Desde el año 2003, el vice-ministro de justicia Juan OLO MBA es el decano del CNA, cargo al que fue designado por imposición del actual ministro de justicia Salvador ONDO NCUM, siendo entonces presidente del tribunal constitucional, y en el que permanece pese a los reiterados llamamientos de la UIA.

En relación al colegio de abogados, ONDO NCUM y OLO MBA perpetúan la tradicional hostilidad del régimen hacía cualquier forma de organización no gubernamental sin afinidad con el PDGE, patentizada en la orden de disolución del Colegio de abogados expedida en mayo de 2002 por el entonces ministro de justicia Rubén MAYE NSUE, quién instituyó en su lugar el Consejo Superior de la Abogacía presidido por el ministro de justicia (él mismo), cuya existencia no ha sido abrogada por la dictadura.

En la actualidad, la injerencia política se ve agravada desde la designación de Juan OLO MBA como decano, lo cual ha sido reprobado en varios informes entre los que merece señalarse el del Human RightsInstitute de la International Bar Association (Asociación Internacional de Abogados) emitido en julio de 2003, el del ACNUR emitido en 2004. ​ Asimismo, en su informe del 28 de enero de 2013, la Unión Internacional de Abogados (UIA)  deplora la falta de independencia del CNA y expresa su preocupación por la composición de sus órganos, en particular de los órganos disciplinarios, por cuanto los mismos integran miembros del poder ejecutivo y en particular al ministro de justicia o su representante. La UIA considera que dicha composición es fundamentalmente de naturaleza a cuestionar la independencia del Colegio y de sus órganos.

Consecuentemente y en el año 2014, el Letrado Ponciano MBOMIO NVO planteó ante el 58 congreso de la UIA, de la que es miembro individual desde 1997, la necesidad de que una delegación de la Comisión de Derechos Humanos de la UIA contribuyera a reestructurar el Colegio Nacional de Abogados, miembro colectivo dela UIA de hace años, con el fin de poner fin a la situación anómala en la que se halla sumida. Lo cual requiere acomodar los estatutos del CNA a las exigencias de la UIA, reexaminar el expediente académico y profesional de los colegiados en orden a verificar su regularidad, e instaurar programas formativos obligatorios que pudieran ser financiados mediante las cuotas de colegiación.

Consecuentemente, es notoria la prepotencia del actual decano y de su junta de gobierno, y su negativa a rendir cuenta de su gestión a los colegiados. En relación a la asignación anual para turno de oficio de 340 millones de FCFA, a la que se refiere el ministro en su declaración, el decano del CNA no ha informado a los colegiados ni de su existencia, ni del uso al que se destina. Como tampoco ha justificado el uso de las cuotas pagadas anualmente por los colegiados, ni el de la subvención anual de 50 millones de FCFA que recibe el CNA del Estado.

La gestión de Juan OLO MBA ha conllevado al CNA a desviarse de sus fines estatutarios, conforme ilustran los diversos informes sobre la práctica de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial, consagrándose esencialmente en los últimos años a la persecución de los Letrados comprometidos con la defensa de los derechos humanos. Es así como en mayo de 2002, Fabián NSUE NGUEMA fue encarcelado bajo la acusación de injurias al jefe de Estado, por defender a Agustín ESONO NZOGO, detenido a causa de su pretendido vínculo con la ONG francesa Transparency International; en octubre de 2012, el mismo Letrado fue nuevamente detenido por visitar a su defendido en la cárcel pública, el dirigente opositor bubi Weja CHICAMPO; en su informe del 28 de enero de 2013, la UIA deplora la falta de independencia del CNA y protesta contra su decisión de suspensión por un periodo de dos años del Letrado Ponciano MBOMIO NVO, en relación a declaraciones prestadas en juicio en defensa del opositor y defensor de los derechos humanos Wenceslao MANSOGO ALO.

En su virtud, y sin necesidad de insistir sobre la responsabilidad que le corresponde al ministro de justicia en relación a la situación disfuncional del CNA, deriva de nuestra exposición que la misma no se ajusta al vigente ordenamiento, ni a los criterios definidos por la UIA, y no puede por tanto servir de modelo a organizaciones gremiales análogas, aun cuando esas fueran de la subregión. Obedeciendo por tanto su apreciación a la consabida consigna de legitimación.

De la inexistente convergencia entre el ordenamiento penal de Guinea Ecuatorial con la normativa internacional sobre derechos humanos. En otro registro, afirma el ministro de justicia ONDO NCUM que el ordenamiento penal vigente en Guinea Ecuatorial se conforma a la normativa internacional protectora de los derechos humanos. Estimando que su aplicación es efectiva en todo proceso acusatorio, en fase pre-procesal o policial y en la jurisdiccional, ordinaria penal o militar, en los cuales se verifica, a su parecer, una estricta observancia de las garantías constitucionales

De la inaplicación en Guinea Ecuatorial del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. En relación a la misma afirma el ministro en su declaración que, “es posible que no se encuentren ejemplos o alusiones directas al pacto internacional de los derechos civiles y políticos en las resoluciones de casos en nuestra administración de justicia, y la explicación a eso es que buena parte de las contemplado en el pacto internacional también está contemplado en nuestra ley fundamental y en las leyes que la desarrollan. Al haber más familiaridad con las leyes del país, y en la medida en que muchos de esos derechos ya están amparados en nuestro propio ordenamiento jurídico encontraremos más invocaciones o alusiones a nuestra ley, cuyos contenidos coinciden casi milimétricamente con lo establecido en el pacto internacional de derechos civiles y políticos”.

La evasiva del ministro acerca de la invocabilidad del Pacto Internacional de los Derechos Políticos y Civiles (PIDPC) arroja la luz sobre la falta de convergencia entre el ordenamiento nacional y los tratados internacionales ratificados por nuestro país. La misma deriva por una parte de la inexistencia de un ordenamiento propio, y por otra del irrespeto del principio de la preeminencia normativa de los tratados internacionales, consagrado en derecho interno.

En efecto, cuando cumplen cincuenta años desde la accesión a la soberanía nacional, nuestro país sigue careciendo de un sistema normativo propio, y se rige de manera supletoria por las normas vigentes en España en 1968, salvo en aquellas áreas regidas por normas internacionales como la ley mercantil OHADA. Pudiendo por tanto argüirse la inconstitucionalidad tanto de la misma regla de aplicación supletoria de normas extranjeras, como de la disconformidad entre éstas y el vigente orden constitucional. Toda vez que Guinea Ecuatorial es nominalmente un estado de derecho que afirma promover los derechos civiles y políticos consagrados por la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) y por el PIDPC (igualmente ratificado por nuestro país), a los que la vigente LFGE erige en derechos fundamentales y otorga una garantía jurisdiccional reforzada mediante la instauración de un recurso directo ante el Tribunal Constitucional (TC), el recurso de amparo constitucional.

Sin embargo, el régimen ha mantenido una actitud de repulsa hacía cualquier forma de llamamiento en aras de la adopción de un ordenamiento propio que pudiese contribuir a la efectividad del principio de seguridad jurídica. Es de relevar a tal efecto que el entonces presidente de la corte suprema de justicia, Juan Carlos ONDO ANGUE, requirió públicamente al parlamento, en su discurso de apertura de año judicial correspondiente al año 2018, al objeto de acometer la reforma del Consejo Superior del Poder Judicial, y de emprender cuantas iniciativas legislativas demandara el mejoramiento funcional de la Administración de Justicia, tales como la reforma de su estatuto orgánico y el del Ministerio Público, y la codificación de las normas civiles y penales que conforman el ordenamiento nacional.

De la falta de tutela de las garantías constitucionales del proceso penal y de las detenciones arbitrarias. En su declaración afirma el ministro que,“no negamos que se practiquen detenciones arbitrarias, pero negamos que como gobierno toleremos y participemos de ellas. Los casos que llegan a nuestro conocimiento han dado lugar a la apertura de expedientes disciplinarios y a incoación de sumarios judiciales y otras medidas disciplinarias. El gobierno no tolera las detenciones arbitrarias.”

A cuyo efecto merece remarcarse que el constitucionalizado derecho a la tutela judicial efectiva y a las garantías procesales, del artículo 13 inciso j de la Ley Fundamental, rige el proceso acusatorio y garantiza el derecho a la presunción de inocencia (inciso o, artículo 13 de la Ley Fundamental) y el derecho a la defensa en todas las fases del proceso. Sin embargo, la práctica de las detenciones arbitrarias no es marginal en nuestro país sino que es la regla, y las detenciones ordenadas mediante mandamiento judicial son las escasísimas excepciones. Por supuesto que dicha práctica es sistemáticamente permitida y ejecutada por los que el ministro llama “los cuerpos uniformados” (revelando ese lapsus la confusión de atribuciones de los diversos cuerpos de policía y del ejército), y no conlleva sanción administrativa ni acciones legales contra sus autores.

En relación a las detenciones arbitrarias efectuadas por los cuerpos uniformados al margen de procesos judiciales, no existe una estadística oficial, si bien la sobrepoblación de los centros de detención y de los centros penitenciarios, bajo el control del ejército y de la policía, da una precisa idea de la prevalencia del fenómeno. En numerosos discursos públicos, el dictador ha deplorado la falta de dureza de los jueces en la aplicación de la ley, al estimar que las cárceles estaban vacías porque los jueces concedían libertad provisional a los detenidos, llegando incluso a llamar a la población a tomar la justicia por su propia mano cortando los tendones a los presuntos ladrones.

Paradójicamente, el mismo ministro de justicia ha llegado a expresar simultáneamente una apreciación opuesta al estimar que las cárceles estaban sobrepobladas. Relacionándose esa última constatación a la preocupación que deriva de la promiscuidad, la falta de atenciones básicas, alimenticias y médicas en los centros de detención y cárceles, que ha conllevado a numerosos fallecimientos de reclusos. Dicha situación disfuncional, al igual que las descritas anteriormente, se debe esencialmente a la desviación por parte del mismo ministro de justicia ONDO NCUM de los míseros recursos asignados por el Estado a tal fin (y que comparte con su compinche Celestino Bonifacio BAKALE el traidor y tránsfuga del CPDS).

Puede por tanto afirmarse sin titubeos que la situación del detenido en sede policial es la de una carencia absoluta de derechos. Lo cual sería de fácil verificación si el gobierno se atreviera a permitir la inspección y visita de los mismos por las comisiones de derechos humanos sin la presencia del grotesco adulador Alfonso NSUE MOKUY.Por cuanto se producen siempre dichas detenciones sin causa justificativa, sin mandamiento judicial, sin información al detenido de sus derechos como la previsión legal que le facultaría a solicitar la asistencia de un Abogado o a instar un procedimiento de habeas corpus, sin respeto del plazo legal de detención provisional. En la mayoría de los casos los detenidos se resignan a permanecer detenidos indefinidamente sin emprender acción legal alguna por miedo a represalias.

Pese a prever la vigente ley procesal penal (LECrim) el derecho a la asistencia letrada al detenido, los uniformados no toleran la presencia de Abogados en los centros de detención, ni antes ni durante la práctica de la diligencia de declaración, no informan al detenido de las consecuencias de la prestación o denegación de consentimiento a la práctica de diligencias que se le soliciten. El Letrado no puede por tanto tomar conocimiento de las diligencias que motivaron la detención con el fin de comprobar que la misma se ajustó a la legalidad, ante la posibilidad de instar un habeas corpus por la posible detención ilegal, en el fondo o en la forma.En la inmensa mayoría de los casos, el detenido carece del derecho a comunicarse telefónicamente con el Abogado o con familiares, ni siquiera en presencia de un funcionario de policía cuando se considerase que de la comunicación se derive la confabulación u ocultación de pruebas.

Un examen de los atestados remitidos a los juzgados de instrucción basta para demostrar que en la inmensa mayoría de los casos, no contienen datos identificativos de la persona o de la autoridad compareciente ante la policía, la que formula en principio la acusación o atesta de la comisión de delito flagrante. A menudo no se informa sobre las circunstancias de los presuntos hechos constitutivos de delito, limitándose, cuando lo estimaran, a la remisión al juzgado. Precisándose al respecto que solo una ínfima minoría de los detenidos es remitida a los juzgados, bastando para convencerse de dicha aseveración, proceder a un recuento presencial en los centros de detención emblemáticos del país.

Cabe vaticinarse que, la evolución hacia la plena vigencia de las garantías constitucionales en el proceso penal no se producirán por la proactividad del actual ministro de justicia, ni tampoco de nuestro legislador, sino únicamente por las presiones que pudiera ejercer la comunidad internacional en aras de la transposición del derecho internacional en el ordenamiento nacional.

Del irrespeto de las garantías constitucionales del proceso penal en relación a la prisión preventiva. En su declaración acerca de la prisión preventiva afirma el ministro que ,“La prisión preventiva es una previsión legal no solo en guinea sino en todos los países del mundo, y en Guinea se ha aplicado con arreglo a la legislación. Su duración es en función de las expectativas de condena que pesan sobre el reo. Un presunto ladrón de motos no tiene la misma prisión preventiva que un presunto asesino, la duración es variable. Pero quiero tranquilizarles diciéndoles que se aplican los estrictos términos previstos en la legislación procesal del país… No puedo darle un número exacto de presos preventivos en los centros penitenciarios, pero las cifras varían casi diariamente“.

Entorno a dichas aseveraciones valga referirse nuevamente al marco constitucional del artículo 13 LFGE relativo al derecho a la tutela judicial efectiva y su corolario el derecho a la presunción de inocencia (inciso o, artículo 13 de la Ley Fundamental). Precisando que al igual que en derecho comparado, las medidas de privación de libertad se conciben en nuestro ordenamiento como muy gravosas sobre los derechos y libertades esenciales del ciudadano, y por tal razón deben ser acordadas por el órgano Judicial competente cuando se entiende que las circunstancias concurrentes en el caso concreto no permiten adoptar otras medidas menos gravosas como lo es la obligación de comparecer apud acta en el propio Juzgado.

Mediante la prisión provisional debe perseguirse como fines el de asegurar la presencia del investigado o encausado en el proceso, evitar la ocultación, alteración o destrucción de pruebas relevantes para el enjuiciamiento en los casos en que exista un peligro fundado y concreto, y evitar que el investigado o encausado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima. A tal efecto, la prisión preventiva solo puede acordarse al término de una vista en la que asistan además del Juez y el Fiscal, el Abogado de la defensa, en la que cada una de las partes exponga sus alegaciones y motive si en el supuesto de hecho se dan o no las circunstancias que prevé la vigente Lecrim.

Sin embargo, la práctica judicial es de todos conocida y la estadística penitenciaria desmiente las afirmaciones del ministro de justicia y revela que la prisión provisional se decreta aleatoria y sistemáticamente aun cuando no apareciera en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra quien se haya de dictar el auto de prisión. Siendo frecuente que se decrete igualmente pese a que los hechos imputados no presentan el carácter de delito sancionado en el código penal con pena igual o superior a 2 años de prisión, aun cuando el investigado o encausado careciera de antecedentes penales derivados de una condena por delito doloso.

Dicha práctica, manifiestamente atentatoria de las garantías procesales reguladas por el artículo 13 de la LFGE, ha conocido un reciente auge a raíz de los reseñados discursos públicos del dictador en los que veta el ejercicio de la potestad otorgada por la ley a los jueces para el otorgamiento de libertad provisional.

De la inobservancia de las garantías constitucionales en los procesos ante la jurisdicción militar.Interrogado por la Comisión al respecto, afirmó el ministro que: “Hasta donde nos consta la justicia militar conoce única y exclusivamente de casos castrenses, en el que están implicados miembros de los cuerpos uniformados en el ejercicio y en su condición de miembros de tales cuerpos, no tenemos constancia de casos en los que eso se haya incumplido, nos parecería inconcebible que la justicia militar tome acciones en hechos civiles, no obstante si ponen algún ejemplo concreto lo estudiaremos con detenimiento e informaremos a este comité sobre los resultados de esa investigación

Conforme se expuso anteriormente, el ejercicio de la función jurisdiccional militar por los órganos de mando, y no por jueces profesionales adscritos al estatuto orgánico del poder judicial, así como la derivada conculcación de las reglas de inamovilidad, de responsabilidad y sumisión exclusiva al imperio de la ley, conllevan la inconstitucionalidad del estatuto orgánico de la jurisdicción castrense.

Asimismo, la extensión de la potestad jurisdiccional militar a los delitos comunes cometidos por los miembros de los cuerpos castrenses constituye una extralimitación de su ámbito competencial, y por tanto una infracción de la vigente LOPJ. Determinando dicha incompetencia material la ilicitud de los correspondientes procesos seguidos en la materia, así como la de las sentencias recaídas en los mismos.

Dicha extralimitación del ámbito competencial castrense conlleva una violación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del artículo 13 j de la vigente LFGE, en su grado del derecho a la igualdad de expectativas procesales, toda vez que conlleva el proceso penal militar a la negación de las garantías comunes otorgadas a los civiles, tales como el derecho a la asistencia letrada(sustituida en instancias castrenses por la asignación de “abogados” militares), el derecho a la tipicidad penal (a la que suple la arbitrariedad en la imposición de penas), el derecho al recurso (las instancias militares se oponen sistemáticamente al ejercicio del derecho al recurso de casación ante la corte suprema de justicia).

Epílogo sobre la situación del ex presidente de la corte suprema de justicia Juan Carlos Angue Ondo. Sobre la misma afirma el ministro de justicia que ,Don Juan Carlos ONDO ANGUE fue separado del cargo ante las fundadas sospechas de graves irregularidades en el ejercicio de sus funciones, y ante el temor de que esas irregularidades incidieran negativamente tanto en la imagen y el funcionamiento de la administración de justicia, dada la posición que ocupa el presidente de la corte suprema. Es paradójico que la opinión de algunos operadores internacionales fuera que fue cesado porque denunciaba casos de corrupción, a día de hoy todavía se siguen estudiando los pormenores de las sospechas que pesan sobre él, por si debieran dar lugar a la apertura de procesos judiciales contra el señor ANGUE ONDO”.

Cabiendo precisarse únicamente que el contenido del decreto de cese de Juan Carlos ONDO ANGUE ha tenido acceso a todos los medios de información y a las redes sociales, las cuales cubrieron sobradamente desde su gestación, las tensiones sobrevenidas entre él y el grupo formado por los ministros de seguridad nacional, el titular y el adjunto de justicia y el entonces fiscal general David NGUEMA OBIANG, a raíz de la detención, tortura y asesinato del magistrado José ESONO NDONG BINDANG. Tales incidentes son los que motivaron su dimisión, desaprobada por el dictador que en su lugar optó por cesarle mediante decreto número 136/2018, de fecha 23 de agosto, “por conveniencia de mejor servicio, a propuesta del Consejo Superior del Poder Judicial, en uso de las facultades que el artículo 41 h de la Ley Fundamental confiere al Presidente de la República de Guinea Ecuatorial, agradeciéndole los servicios prestados”.

Desde que cesara en el cargo, no consta que Juan Carlos ONDO ANGUE fuera objeto de denuncia, acusación o investigación alguna en relación a las circunstancias que motivaron su dimisión. Si bien se ha venido conjeturando acerca de la posible existencia de una conspiración contra su persona, desde la última ola de detención de jueces (a los se intentó obligar a suscribir falsas acusaciones contra su persona para derivar responsabilidades). Desde algunas publicaciones de las redes sociales se ha llegado a sostener que desde algunos círculos cercanos al dictador se habría ordenado su asesinato por la afrenta que supuso su actitud durante los descritos incidentes.

En opinión de numerosos comentaristas, el contexto en el que se produjo la designación de Juan Carlos ONDO ANGUE al cargo de presidente de la corte suprema de justicia (al término de una disolución del poder judicial), y la agresiva campaña de desacreditación dirigida contra él por el mismo dictador (en numerosos discursos públicos) en los medios del Estado, demuestran inequívocamente que la misma respondía a la consabida estrategia de desacreditación de las “personas incómodas”. Si bien se sabe que la relación entre el dictador y el poder judicial se caracteriza desde siempre por su conflictividad. En tal sentido, la inefectividad de las reglas constitucionales rectoras de la organización del poder judicial y de su estatuto orgánico participa de una voluntad deliberada de inhabilitación del poder judicial, al que la constitución inviste como garante del estado de derecho y de la seguridad jurídica. Lo cual reduce el vigente orden constitucional a un estado de derecho aparente en el que el dictador concentra la efectividad de todas las atribuciones del estado.

En otro ámbito, la estigmatización del poder judicial contribuye a legitimar la impunidad de la corrupción institucionalizada que acomete el mismo dictador y su familia. Recuérdese que la querella criminal interpuesta por el fiscal general David NGUEMA OBIANG, contra los representantes de las sociedades EDUM, SOCAGE y SOMAGUI FORESTAL, por los delitos de malversacion de caudales públicos, corrupción, apropiación indebida y abuso de bienes sociales,fue iniciada al objeto de acreditar la inexistencia del delito principal de desviación de caudales públicos que justificó la iniciación de una querella criminal en Francia contra Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE por los delitos accesorios de blanqueo y receptación de capitales. Y como no podía ser de otra manera, la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Malabo en fecha 12 de junio de 2017 (por orden del dictador) es absolutoria, y considera lícitas las transferencias bancarias realizadas por el Tesoro Público de Guinea Ecuatorial a favor de las cuentas bancarias abiertas en Francia por Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, y con las que financió sus bienes mal adquiridos. Lo justifican simulando la ejecución de obras del estado, pese a la incompatibilidad, por ley, del vicepresidente para la contratación de obras del estado. 

Más prosaicamente, recuerden aquella querella criminal iniciada por el entonces fiscal general David NGUEMA OBIANG contra los magistrados Elíseo NVO MANGUE (actual cerebro de todas las tramas corruptivas de la corte suprema y redactor de la sentencia del golpe de estado del 24 de diciembre de 2017) y Antonio NTUTUMU NCULU AFAN por presuntos sobornos pagados por el grupo de empresas GENERAL WORK, cuya finalidad era en realidad la de ocultar que Montserrat AFANG ONDO (hija de Armengol ONDO NGUEMA) y Francisca OBIANG GIMENEZ (hija del dictador) desviaron cuantías astronómicas del erario público a través de las obras asignadas a dicha empresa, y que Juan OLO MBA y David NGUEMA OBIANG asestaron la estocada final a dicha empresa en la llamada comisión de liquidación, adjudicándose todos los activos restantes del referido grupo de empresas.

Asimismo, la acusación sostenida por David NGUEMA OBIANG contra el juez de instrucción Inocencio MEMBILA MBULA, por un pretendido soborno que le fuera pagado por Joseph NSEKE (asesinado en la cárcel pública Black Beach en diciembre de 2018) trataba de disimular que el finado fue sacrificado para encubrir a la verdadera culpable de la trama de desviación de caudales públicos en CNEDOGE, la hija del mismo dictador María Teresa OBIANG (Diario Rombe, 25 de marzo de 2019).

De igual modo, las acusaciones de corrupción vertidas por Salvador ONDO NCUM, Juan OLO MBA, y David NGUEMA OBIANG (y que conllevaron al asesinato de José ESONO NDONG BINDANG), respondían a la voluntad de acallar a todos los jueces que, como el finado, dictaban sentencias a favor de ex trabajadores de las empresas propiedad de Gabriel OBIANG LIMA, Juan OLO MBA, Carlos NSE NSUGA y Salvador ONDO NCUM (CENTURION, HEXAGON, APEGESA, MÓBIL, FLÚOR, TOTAL GE, ATSIGE).

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Comentarios

    Donata Abaga Bindang

    (septiembre 22, 2019 - 3:31 pm)

    Este artículo es una auténtica bomba

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