“Esperamos que la ley francesa permita que las sumas confiscadas sean devueltas a las poblaciones espoliadas”, afirma Marc-André Feffer, presidente de Transparency International France

Francia ya no es una tierra de acogida para los activos resultantes del blanqueo de dinero“, se congratuló el 10 de febrero de 2020 el presidente de Transparencia Internacional Francia (TI-France).

Una etapa decisiva de un importante folletón judicial acababa de llegar a su fin. El primer juicio en el caso de los  «bienes mal adquiridos«, en el que TI-France es parte civil, se abrió en París el 19 de junio de 2017. Teodoro Obiang Jr., apodado Teodorin, hijo del Jefe de Estado y Vicepresidente de Guinea Ecuatorial, fue condenado el 27 de octubre de 2017 por el Tribunal Penal de París a tres años de prisión con suspensión de la pena, a una multa de 30 millones de euros con suspensión de la pena y a la confiscación total de sus bienes incautados en territorio francés. Valor estimado: más de 150 millones de euros. El dirigente guineoecuatoriano apeló la decisión. El Tribunal de Apelación ha dictado sentencia el 10 de febrero de 2020. Se han confirmado la pena de prisión y el decomiso, pero el sistema judicial francés ha aumentado la pena haciendo que la multa de 30 millones de euros, impuesta en primera instancia, fuera suspendida. Entrevista con Marc-André Feffer.

Franceinfo Afrique: ¿Por qué este juicio del affaire Obiang es histórico?

Marc-André Feffer: La sentencia histórica se produjo hace dos años y medio con la primera condena del tribunal penal. Pero es cierto que el propio Tribunal de Apelación, al confirmar y agravar la sentencia, ha tomado una decisión ejemplar porque es la primera vez en Francia que se condena penalmente a un dirigente extranjero que ha utilizado dinero sucio para comprar bienes inmuebles o muebles en Francia.

El primer objetivo, cuando presentamos una demanda civil hace ahora 11 años, era dejar claro por parte de los tribunales que Francia no es un lugar para el blanqueo de dinero sucio acumulado a través de operaciones fraudulentas en el extranjero. El segundo punto muy importante es que esta condena abre el camino, cuando llegue el momento, a la devolución de las sumas que han sido confiscadas -hay unos 150 millones de euros en este caso- al pueblo de Guinea Ecuatorial que ha sido espoliado, porque la corrupción empobrece al país en el que se produce. Por lo tanto, es natural que, si se impone una sanción, el dinero pueda devolverse a las personas afectadas en forma de programas de desarrollo.

Pero para que eso suceda, la ley francesa todavía tiene que ser enmendada. Hoy en día, nuestra ley hace que el producto de la confiscación se devuelve al presupuesto general del Estado. Esperamos que la ley permita de ahora en adelante devolverlos a las poblaciones saqueadas. El gobierno nos ha dado un acuerdo de principio. También ha habido un informe de dos miembros del Parlamento y esperamos que en los próximos meses se pueda aprobar una ley que permita devolver este dinero a las poblaciones que se han visto privadas de él.

Transparencia quiere que esta devolución se haga de acuerdo con un plan preciso. ¿Cual es ese plan?

Es un esquema similar al que han puesto en marcha los suizos. Tienen una ley y ya han devuelto dos mil millones de euros de bienes mal adquiridos. El proceso de restitución debe llevarse a cabo en condiciones de transparencia e integridad, y la población debe participar. Esta cantidad de dinero debe ser devuelta de tal manera que se sepa en todo momento para qué se utilizará, y no se debe permitir que vuelva a los circuitos de la corrupción. Y, sobre todo, la sociedad civil debe participar porque no tenemos la capacidad, por nuestra cuenta a nivel francés, de decir qué programa podría ser de interés para el pueblo de Guinea Ecuatorial. Debe haber consultas y consultas para encontrar los programas más adecuados.

¿Cuál es la situación de los demás casos del  asunto de los «bienes mal adquiridos», los relativos al Gabón y al Congo? 

Hasta ahora, el único caso que ha llegado a juicio es el de Guinea Ecuatorial. No está cerrado porque el Sr. Obiang va a apelar en casación. Hemos sido parte civil en estos otros dos casos relacionados con Gabón y el Congo. Todavía están siendo investigados, lo que significa que no ha habido ninguna remisión al tribunal en esta etapa. Todavía están en el proceso judicial.

Obviamente espera que se cree una jurisprudencia después del caso Obiang…

Consideramos que esta condena sienta un precedente y establece una posición de la justicia francesa con respecto a este tipo de problemas.

¿La sentencia que acaba de dictarse es suficientemente disuasoria?

El elemento de disuasión y ejemplaridad es importante. Sigue siendo un dirigente extranjero de alto rango que es condenado en Francia. Esto es completamente nuevo y da la sensación que queríamos, es decir, que Francia no es una tierra de acogida para este tipo de comportamiento. El Tribunal Penal lo dejó muy claro y el Tribunal de Apelación lo ha reiterado, con un aumento de la pena. Es una señal muy fuerte la que se está dando. Además, hay una sensibilidad creciente sobre estas cuestiones. Por ejemplo, he recibido varias llamadas de Alemania. El gobierno alemán está interesado en esto, al igual que la Comisión Europea, al igual que los británicos…  Gradualmente, es un tema que está llegando a lo más alto de la agenda y el sistema de justicia francés está contribuyendo a este proceso.

Hay una toma de conciencia en Europa y usted ha mencionado el sistema suizo. Los estadounidenses también tienen su propia manera de proceder en estos casos: el caso Abacha en Nigeria lo demuestra. ¿Podemos imaginarnos una armonización mundial de los procedimientos en la lucha contra los bienes mal adquiridos?

Ciertamente, tanto más cuanto que en todos estos casos ya existe una cooperación entre los sistemas de justicia de estos diferentes países. Pero, básicamente, se aplica el derecho penal de cada país. ¿Por qué no armonizar la legislación? En cierto modo, ese es el sentido de nuestras propuestas al gobierno francés, ya que se inspiran en gran medida en los mecanismos establecidos en Suiza. También podemos converger a través de legislaciones  que se acercan las unas a las otras.  Sin embargo, también hay diferencias en el sistema jurisdiccional de cada país. En particular, el sistema estadounidense es mucho más propicio a la justicia transaccional (que permite perseguir a las empresas implicadas en la corrupción internacional) que el francés. ¡Coopera, sí! ¿Por qué no aproximar las legislaciones? Esto es lo que intentamos hacer de alguna manera al proponer una legislación inspirada en la de nuestros vecinos.

Las «Filtraciones de Luanda» han puesto de relieve el papel de los intermediarios en los casos de corrupción. ¿Es concebible que Transparencia también pueda abordar esta cuestión haciéndolos responsables penalmente?

El tribunal había señalado esto en primera instancia. La compra de estas propiedades en Francia no es posible sin la colaboración activa de los intermediarios. Según las acusaciones que ya se han presentado en los demás casos, la justicia se interesa ahora por los intermediarios para buscar su posible complicidad. Es posible que en estos dos casos que se están investigando (Gabón y Congo, NDLR), se plantee ya la responsabilidad penal de cierto número de intermediarios.

Franceinfo Afrique

Radio Macuto Facebook

Radio Macuto Autor

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *